Álvaro Leyva, en la mira de la Fiscalía por posible complot contra el Gobierno

La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar, o noticia criminal, en contra del excanciller Álvaro Leyva Durán por su presunta participación en una conspiración para desestabilizar al Gobierno Nacional. La investigación se inició a raíz de dos denuncias formales: una interpuesta por el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial, Daniel Quintero, y otra por el presidente Gustavo Petro, a través de su abogado Alejandro Carranza. El presunto delito que se investiga es el de menoscabo a la integridad nacional.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción fue designado para adelantar las pesquisas y determinar si existen méritos para una investigación formal.

Las acusaciones señalan que Leyva habría promovido un plan, calificado como una “conspiración blanda”, con el objetivo de apartar del poder al presidente Petro. Según los denunciantes, el excanciller habría sostenido reuniones con sectores de la oposición para diseñar una estrategia de desestabilización. Como parte de las pruebas aportadas, se incluyen grabaciones de audio en las que presuntamente se escucha a Leyva afirmar: “Hay que sacar a ese tipo”, y mencionar la necesidad de un “gran acuerdo nacional” que involucraría a grupos como el ELN y el Clan del Golfo.

La vicepresidenta Francia Márquez, mencionada en dichos audios, solicitó a la Fiscalía investigar su contenido y procedencia. El fiscal a cargo del caso ha comenzado la recolección de pruebas documentales y testimoniales para verificar la veracidad de los señalamientos.

Se contempla citar a los denunciantes para que amplíen sus versiones.

Por su parte, el abogado del presidente radicó un derecho de petición ante la fiscal Luz Adriana Camargo para solicitar celeridad en el proceso.

Hasta el momento, Álvaro Leyva, quien se distanció del gobierno Petro tras dejar la Cancillería, no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones. La apertura de esta indagación ha intensificado la polarización política en el país. Mientras el oficialismo la considera una prueba de las maniobras ilegales en su contra, sectores de la oposición la califican como una estrategia para victimizar al presidente. Analistas señalan que el caso podría sentar un precedente sobre cómo la justicia colombiana aborda las denuncias de conspiración política.