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45 militares fueron secuestrados por la comunidad en el Cauca: Hay oficiales y suboficiales

Un masivo secuestro de militares en el municipio de El Tambo, Cauca, ha puesto de manifiesto la compleja situación de orden público en la región y la presunta instrumentalización de la población civil por parte de grupos armados ilegales.
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El domingo 7 de septiembre de 2025, un grupo de militares fue secuestrado en la vereda Los Tigres, corregimiento de Honduras, en el municipio de El Tambo, Cauca. Aunque los informes iniciales mencionaban 72 uniformados, el Ministerio de Defensa y la Tercera División del Ejército Nacional confirmaron posteriormente que el número de retenidos era de 45. El personal secuestrado pertenece a la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 4 y está compuesto por tres oficiales, cuatro suboficiales y 38 soldados profesionales.

Los militares se encontraban en la zona adelantando la 'Operación Perseo II', una estrategia para recuperar el control territorial en el Cañón del Micay. El secuestro se produjo durante una asonada en la que participaron cerca de 600 personas de la comunidad. Según las autoridades militares, la población civil fue presuntamente instrumentalizada y presionada por la estructura criminal 'Carlos Patiño', una facción de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco'. El objetivo de la acción habría sido obstaculizar las operaciones de la Fuerza Pública en esta región, considerada un corredor estratégico para el narcotráfico y otras economías ilícitas. El Gobierno Nacional y diversas instituciones rechazaron categóricamente el hecho.

El Ministerio de Defensa lo calificó como un acto criminal y una grave violación a los derechos humanos, mientras que la Procuraduría General de la Nación exigió la liberación inmediata de los uniformados. Por su parte, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a las comunidades para que liberaran a los soldados y anunció que una comisión de diálogo estaba lista para intervenir. El Ejército informó que interpondrá las denuncias correspondientes por delitos como secuestro y violencia contra servidor público.

Para lograr la liberación, se han establecido canales de comunicación con líderes comunitarios, como Edward Rubiano, presidente de la Junta de Acción Comunal de la zona, y se ha solicitado la mediación de la Defensoría del Pueblo. Este suceso se enmarca en un patrón de retenciones masivas de militares, como la ocurrida en junio de 2025 en el mismo municipio con 57 uniformados y otra en Guaviare en agosto del mismo año.

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