El Gobierno colombiano establece zonas de ubicación temporal para miembros del Clan del Golfo en Chocó y Córdoba

El Gobierno Nacional ha definido tres zonas de ubicación temporal para los integrantes del Clan del Golfo como parte de un proceso de conversación sociojurídica, una medida que estará vigente hasta finales de 2026 y que implica la suspensión de órdenes de captura para los miembros listados.

Mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, el Gobierno Nacional de Colombia estableció Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del grupo armado Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Estas zonas, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, se situarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía, en el departamento del Chocó, y en Tierralta, Córdoba. La medida se enmarca en el avanzado estado del proceso de conversación sociojurídico con el grupo, buscando facilitar su tránsito a la vida civil y sometimiento a la justicia. Una de las disposiciones clave de la resolución es la suspensión de la ejecución de órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición, para los miembros del Clan del Golfo que figuren en los listados aceptados por la Oficina del Consejero Comisionado de Paz. Esta suspensión será efectiva tanto dentro de las ZUT como durante el desplazamiento de los combatientes hacia ellas.

El Gobierno ha enfatizado que en estas áreas se mantendrá plenamente la vigencia del Estado de Derecho y que las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones constitucionales sin excepción. La delimitación geográfica exacta de las zonas no se hará pública y quedará consignada en un documento técnico de carácter reservado para ser verificado por las autoridades competentes. Se prevé que la instalación de estas áreas comience a finales de marzo de 2026. El mecanismo de seguimiento, monitoreo y verificación estará a cargo de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), en coordinación con la Consejería Comisionada de Paz y el Ministerio de Defensa Nacional. El Ejecutivo también se comprometió a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad humana y jurídica tanto de los integrantes del grupo armado como de la población civil en los territorios designados. Asimismo, la resolución contempla la creación de condiciones progresivas para la satisfacción temprana de los derechos de las víctimas del conflicto como parte fundamental del proceso.