Enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC provocan una crisis humanitaria en el Catatumbo

La intensificación de los combates entre grupos armados ilegales en la región del Catatumbo, Norte de Santander, ha desatado una grave crisis humanitaria, forzando el desplazamiento de cientos de familias y generando un llamado urgente de las autoridades para una intervención estatal efectiva.

Una nueva escalada de violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las FARC ha sumido a la región del Catatumbo en una crisis humanitaria. Los enfrentamientos, que se intensificaron alrededor del 25 de diciembre, se concentran en municipios como Tibú, La Gabarra, Ocaña y Ábrego, y tienen como objetivo el control territorial y de las economías ilícitas, dejando a la población civil atrapada en medio del fuego cruzado. Como consecuencia directa de la confrontación, se ha producido un desplazamiento masivo. Según cifras de la Alcaldía de Cúcuta y otras fuentes, al menos 250 personas han sido desplazadas. La capital de Norte de Santander ha recibido a 150 personas, quienes se encuentran alojadas en casas de familiares y redes de apoyo. Por su parte, el municipio de Tibú ha acogido a 192 desplazados, de los cuales 72 están en albergues y 120 con allegados.

Además, se reporta que unas 500 familias permanecen confinadas y la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre heridos que requieren atención médica urgente.

Las autoridades han identificado a tres cabecillas del ELN como los principales responsables de la ofensiva: alias ‘Parmenio’, del frente Juan Fernando Porras Martínez; alias ‘Caballo de Guerra’, segundo al mando de la misma estructura; y alias ‘Chuky’, líder de la compañía Caribe. Estas facciones son señaladas de coordinar los ataques contra las disidencias y la fuerza pública, utilizando incluso drones armados. Ante la gravedad de la situación, la vicepresidenta Francia Márquez ha hecho un llamado enérgico al Estado para que brinde asistencia humanitaria de emergencia y garantice condiciones de seguridad que permitan el retorno de las comunidades a sus territorios, advirtiendo que cerca de 6.000 habitantes están en riesgo. La Alcaldía de Cúcuta ha activado su capacidad de respuesta institucional para atender a los afectados, mientras que la Defensoría del Pueblo ha exigido a los grupos armados un cese inmediato de los combates para permitir el acceso de las misiones médicas.