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Avances de la Justicia Transicional en Colombia

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avanza en múltiples frentes para la reparación de las víctimas del conflicto armado colombiano, marcando hitos en la búsqueda de la verdad, la justicia restaurativa y la reconciliación en el país.
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En un hecho sin precedentes, siete exjefes del último Secretariado de las Farc se reunieron por primera vez con un grupo de víctimas del secuestro para definir los proyectos restaurativos que conformarán su sanción de ocho años.

La reunión, coordinada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), busca concretar iniciativas de memoria histórica, reparación comunitaria y reconciliación. La Fundación Revipaz, creada en 2022 por víctimas y comparecientes, es la primera organización con la que se avanza en el diseño de estos proyectos, que serán presentados con un cronograma de ejecución para su revisión y aprobación por parte de la Sección de Reconocimiento de Verdad del tribunal. Este encuentro contó con la presencia de entidades como la Misión de Verificación de la ONU, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). La JEP enfatizó que las sanciones propias no se cumplen en la sombra, sino con la participación activa de las víctimas. Los excomandantes deberán cumplir sus sentencias en varias regiones del país y su responsabilidad no termina con este caso, ya que continúan vinculados a otros cinco macrocasos en los que deben seguir aportando verdad. Paralelamente, la JEP, en conjunto con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), informó sobre la recuperación de los cuerpos de dos víctimas del conflicto armado en los cementerios de San José del Guaviare y Calamar, en el departamento del Guaviare. En otro frente, la JEP resolvió la situación jurídica de 34 integrantes del Batallón de Infantería No. 2 ‘Mariscal José Antonio Sucre’ por su participación en asesinatos de civiles presentados como “falsos positivos” entre 2004 y 2008 en Santander, Boyacá y Cundinamarca.

Al no ser considerados máximos responsables, se les concedió la “renuncia a la persecución penal” a cambio de reconocer su participación, aportar verdad y comprometerse con actos de reparación. Como parte de la decisión, no podrán reincorporarse a la Fuerza Pública y se les revocarán los incentivos recibidos por dichas operaciones ilegítimas.

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