
Desafíos en la infraestructura y transporte vial de Colombia



La emergencia en el kilómetro 18 de la vía Bogotá-Villavicencio es uno de los focos críticos actuales. El Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) estiman que la reapertura de un carril podría tardar un mes y medio, mientras se trabaja en la recuperación del punto afectado.
Esta situación ha generado tensiones entre el Gobierno y actores privados.
La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, criticó al concesionario Coviandina por responsabilizar a la comunidad del manejo de aguas en la zona, y al presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), Juan Martín Caicedo, por tener una visión sesgada a favor de las concesiones. Adicionalmente, la seguridad estructural de este mismo corredor vial está en entredicho. Coviandina ha advertido sobre el "grave riesgo" que representa la suspensión del pesaje de vehículos de carga, una medida acordada entre la ANI y un comité de paro. Según la concesionaria, esta decisión pone en peligro puentes con problemas estructurales preexistentes, como los de Naranjal, Susumuco y Aserrío, ya que el tránsito de vehículos con sobrepeso podría acelerar su deterioro e incluso provocar un colapso. La empresa responsabilizó a la ANI por cualquier incidente derivado de esta medida, argumentando que el control de peso es una obligación normativa que no puede ser suspendida por acuerdos con particulares.
Los conflictos en la gestión del transporte también se evidencian a nivel local. En Santa Marta, una disputa contractual entre la empresa Transporte Sensación y la gerencia de la Terminal de Transporte escaló hasta provocar un bloqueo vehicular en la Troncal del Caribe. El abogado de la empresa denunció una "persecución sistemática" por parte del gerente de la Terminal, quien habría ordenado el cierre arbitrario del acceso al parqueadero que la empresa arrienda desde hace más de 14 años, afectando a cientos de pasajeros y generando un caos vial.
El conflicto se mantiene en instancias judiciales. En contraste con estas problemáticas, en Rionegro, la Alcaldía implementó medidas preventivas de seguridad vial. Atendiendo a las solicitudes de la comunidad, se instalaron bandas alertadoras en la glorieta San Antonio–Gualanday para reducir la velocidad de los vehículos y prevenir accidentes en una zona de alta afluencia, demostrando un enfoque proactivo en la gestión de la movilidad local.
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