Gobierno interino de Delcy Rodríguez opera bajo supervisión de Estados Unidos tras captura de Nicolás Maduro

Un mes después de una hipotética intervención militar estadounidense que resultó en la captura de Nicolás Maduro, Venezuela experimenta una profunda transformación política y económica bajo un gobierno interino condicionado por Washington.

A un mes de una intervención militar de Estados Unidos, ocurrida el tres de enero y ordenada por el entonces presidente Donald Trump, Venezuela se encuentra bajo un escenario de “estabilidad tutelada”. La operación derivó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico. El poder quedó en manos de la vicepresidenta en funciones, Delcy Rodríguez, quien lidera una administración interina. En respuesta, miles de venezolanos han marchado en Caracas para exigir la liberación y el regreso de Maduro. Bajo el nuevo panorama, se han reanudado las relaciones diplomáticas entre Caracas y Washington, rotas desde 2019, con la llegada de Laura Dogu como nueva encargada de negocios de EE.

UU. en Venezuela.

Dogu presentó un plan de tres fases que busca la estabilización, la recuperación económica y una “Venezuela amigable, estable, próspera y democrática”.

En el ámbito económico, el cambio más significativo es una reforma a la ley petrolera que flexibiliza el modelo estatista, permitiendo a empresas privadas operar sin asociarse con PDVSA.

Según los informes, Trump habría asumido el control parcial de las ventas de crudo, concretando una primera operación por 500 millones de dólares.

Internamente, aunque Rodríguez realizó cambios en el gabinete, figuras clave del chavismo como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino permanecen en sus cargos.

El gobierno interino anunció una ley de amnistía general para presos políticos detenidos desde 1999 y el cierre de El Helicoide, un centro de reclusión conocido por denuncias de tortura, medidas celebradas por la Unión Europea. Sin embargo, la organización Foro Penal estima que aún hay 687 personas detenidas por motivos políticos, lo que analistas califican como una “liberalización táctica” en la que el sistema ajusta la represión sin desmantelar sus mecanismos de control.