Escalada en el Caribe: Incautación de petrolero venezolano por EE. UU. aviva temores de una intervención militar



La tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha escalado tras la incautación de un buque petrolero venezolano, de nombre Skipper, en aguas del mar Caribe por parte de fuerzas estadounidenses. El Gobierno de Venezuela calificó la acción como un “robo descarado” y un acto de “piratería internacional”, considerándolo una agresión directa contra su soberanía y recursos energéticos. Según los informes, el navío navegaba con una bandera falsa y tenía vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní.
La Casa Blanca confirmó que el petrolero será trasladado a un puerto de Estados Unidos, donde su cargamento de crudo será confiscado mediante un proceso legal, mientras la tripulación es interrogada. Desde Washington, la justificación de la medida abarca múltiples frentes. La portavoz Karoline Leavitt afirmó que la acción busca impedir que embarcaciones sancionadas transporten petróleo de contrabando que, según EE.
UU., beneficia al “narcoterrorismo de regímenes ilegítimos”.
Por su parte, el presidente Donald Trump enmarcó la operación en una campaña más amplia contra el narcotráfico y la inmigración ilegal.
Trump aseguró que el tráfico de drogas por mar ha disminuido un 92 % y advirtió que las operaciones se extenderán a tierra “muy pronto”. El mandatario vinculó la situación con la entrada a su país de criminales de pandillas como el Tren de Aragua, supuestamente provenientes de prisiones venezolanas. El incidente se inscribe en un contexto geopolítico más amplio, coincidiendo con una nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EE.
UU. que eleva la importancia de América Latina.
Un análisis sugiere que el objetivo real de Washington es deponer al gobierno venezolano para acceder a sus reservas petroleras. En medio de esta crisis, Trump también lanzó una advertencia al presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicando que “podría ser el siguiente”. Como respuesta a la creciente presión, el Parlamento venezolano ha comenzado a discutir la posibilidad de retirar al país del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional.


















