Gobernación y Universidad de Córdoba suspenden actividades académicas por emergencia invernal



Las intensas lluvias e inundaciones que azotan al departamento de Córdoba han provocado la suspensión de actividades académicas en diversas instituciones para salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal administrativo. Tanto el gobierno departamental como la principal universidad pública de la región han emitido comunicados oficiales anunciando medidas excepcionales frente a la crisis climática. La Gobernación de Córdoba, a través de la Secretaría de Educación Departamental y mediante la resolución 00011 del 4 de febrero de 2026, ordenó la suspensión temporal del calendario escolar en los establecimientos educativos oficiales afectados. La medida aplica para la totalidad de las sedes en los municipios de Canalete, Cereté, La Apartada, Los Córdobas, Montelíbano, Puerto Escondido, San Pelayo y Tierralta, además de sedes puntuales en otros municipios no certificados. La decisión se fundamenta en reportes técnicos que evidencian daños estructurales y condiciones de inseguridad que impiden el normal desarrollo de las clases. La reanudación de las actividades se hará una vez mejoren las condiciones y se notifique previamente.
Por su parte, el Consejo Académico de la Universidad de Córdoba decidió modificar su calendario y aplazar el inicio del semestre para el 16 de febrero. El rector, Jairo Torres Oviedo, explicó que la medida responde a la situación que atraviesan 22 municipios, donde reside una parte significativa de la población estudiantil. La institución aclaró que este cambio no afectará la vigencia del semestre ni los derechos académicos de los estudiantes, buscando garantizar la educación en condiciones de dignidad y equidad. Además de las medidas académicas, la Universidad de Córdoba ha desplegado una campaña de solidaridad para apoyar a los damnificados. La comunidad universitaria recolectó más de 1.000 mercados, frazadas, ropa y colchonetas, que están siendo entregados en jornadas humanitarias en municipios como Tierralta, Valencia, Lorica y San Pelayo, priorizando a las familias de los estudiantes afectados por la emergencia.













