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Políticas de Trump: Ley de Insurrección y aranceles comerciales

El presidente Donald Trump ha generado un intenso debate político al anunciar su disposición para invocar una ley de uso excepcional que le permitiría desplegar tropas federales en el país, junto con la imposición de nuevas medidas económicas proteccionistas.
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El presidente Donald Trump ha manifestado que está dispuesto a invocar la Ley de Insurrección, una medida que le otorgaría la autoridad para desplegar fuerzas militares dentro del territorio estadounidense. Según el mandatario, el uso de esta norma, considerada excepcional y de una fuerte carga política, se daría en un escenario extremo si considera que la seguridad nacional está en riesgo, especialmente si las autoridades locales o los tribunales impiden sus acciones. La justificación de Trump para esta medida es la necesidad de sofocar la violencia, combatir la delincuencia y apoyar las redadas de deportación en ciudades y estados controlados por el partido Demócrata. Esta postura surge en un contexto de tensión política, ya que estados como Illinois y Oregón han iniciado acciones legales para bloquear el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente. La Ley de Insurrección permite al presidente utilizar las fuerzas armadas para restablecer el orden cuando las autoridades locales no pueden o se niegan a hacerlo.

Paralelamente a sus políticas de seguridad interna, Trump ha continuado con su ofensiva proteccionista en el ámbito económico.

Anunció la imposición de un arancel del 25 % a todos los camiones medianos y pesados que ingresen a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre de 2025. La Casa Blanca justificó la medida por razones de “seguridad nacional” y para apoyar a los fabricantes estadounidenses. Esta tasa aduanera afectará a socios comerciales como México, principal proveedor de camiones, además de Canadá y la Unión Europea. Esta acción forma parte de una estrategia más amplia que incluye aranceles a otros productos como el acero y el aluminio, cuya legalidad está siendo evaluada por la Corte Suprema.

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