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Trump da luz verde a la publicación de los archivos de Epstein, pero la sombra de la censura genera dudas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sancionó la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, ordenando la desclasificación de miles de documentos sobre el fallecido delincuente sexual. Sin embargo, la medida, que establece un plazo de 30 días, contempla excepciones que generan preocupación sobre una posible divulgación parcial de la información.
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Tras una fuerte presión del Congreso, que aprobó la medida con apoyo bipartidista casi unánime, el presidente Donald Trump firmó la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. Esta legislación ordena al Departamento de Justicia (DOJ) hacer públicos, en un plazo de 30 días, miles de expedientes relacionados con el financiero Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell. La fecha límite para la divulgación sería el 19 de diciembre. La decisión marca un cambio en la postura de Trump, quien inicialmente se había opuesto a la desclasificación, calificándola de “cacería de brujas”. No obstante, cedió ante la presión legislativa y anunció la firma a través de su red Truth Social, afirmando que la información “afectará mucho más a un partido político que al suyo”. Con esta acción, el mandatario busca presentarse como un defensor de la transparencia y la rendición de cuentas en un caso que ha afectado su popularidad. Los archivos por divulgar incluyen evidencia recopilada por el DOJ desde 2008, comunicaciones oficiales, registros judiciales y detalles sobre la investigación de la muerte de Epstein en prisión en 2019. La publicación de esta información podría tener un impacto significativo en la reputación de figuras influyentes de la política, los negocios y el entretenimiento a nivel internacional. A pesar del avance en materia de transparencia, la ley incluye excepciones importantes que han generado preocupación. El Fiscal General está facultado para retener información considerada sensible, como detalles de investigaciones en curso o la identidad de las víctimas. Expertos legales también advierten que el DOJ deberá revisar meticulosamente cada documento para proteger la privacidad de informantes o personas mencionadas que no cometieron delitos, lo que alimenta las dudas sobre el alcance real de la desclasificación y la posibilidad de censura.

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