Tribunal de Antioquia inicia proceso de desacato contra altos funcionarios por deudas con hospitales



La medida se desprende de una acción popular interpuesta por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, para proteger el derecho a la salud, que se considera afectado por la crisis financiera de los centros médicos. El proceso judicial tiene su origen en el presunto incumplimiento de una medida cautelar, emitida en julio del año anterior, que ordenaba al Gobierno y a las EPS realizar los giros adeudados para aliviar la presión sobre la red hospitalaria. Ante la persistencia de la falta de pagos, el Tribunal avanzó con un requerimiento previo a la apertura formal de un incidente de desacato. La decisión otorga un plazo de dos días (48 horas) para que las entidades y funcionarios implicados informen sus correos electrónicos institucionales. Este paso busca garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa antes de imponer posibles sanciones, las cuales, según la Ley 472 de 1998, pueden incluir multas de hasta 50 salarios mínimos y arresto de hasta seis meses. El requerimiento judicial cobija a los ministros de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y de Hacienda, Germán Ávila Plazas. También vincula al superintendente Nacional de Salud, Bernardo Camacho; al director de la ADRES, Félix León Martínez; y a los agentes interventores o liquidadores de Sanitas, Nueva EPS, Savia Salud y Coosalud. La crisis financiera de la red hospitalaria es crítica. Según cifras divulgadas, la deuda total de las EPS con los hospitales supera los 8 billones de pesos, de los cuales 4,9 billones corresponden a entidades intervenidas. Se destaca la deuda de Nueva EPS (aproximadamente 3,1 billones), Savia Salud (1,4 billones) y Coosalud (395.000 millones). Un caso emblemático es el del Hospital General de Medellín, al que se le adeudarían cerca de 200.000 millones de pesos, lo que limita su operación diaria. Una de las fuentes menciona que la deuda total con el sistema de salud en el país supera los 32 billones de pesos.












