Cosa Juzgada: La Justicia Pone Fin a la Reclamación de EPM y Exonera a Constructores de Hidroituango

El Tribunal Administrativo de Antioquia desestimó la demanda por 9,9 billones de pesos interpuesta por Empresas Públicas de Medellín (EPM) contra el consorcio constructor de Hidroituango, al determinar que el caso ya había sido resuelto por un laudo arbitral.

El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró su falta de jurisdicción y competencia para continuar con la demanda que Empresas Públicas de Medellín (EPM) había presentado contra el Consorcio CCC Ituango por cerca de 9,9 billones de pesos. La decisión se fundamenta en que las controversias sobre la responsabilidad en la emergencia de 2018 ya habían sido resueltas mediante un laudo arbitral definitivo emitido por el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el 10 de diciembre de 2024. Dicho laudo arbitral había determinado que el Consorcio CCC Ituango, integrado por Camargo Correa Infra Limitada, Constructora Conconcreto S.A. y Coninsa Ramón H S.A.S., no fue responsable del colapso de la Galería Auxiliar de Desviación (GAD) ocurrido en abril de 2018. Tras el fallo del Tribunal Administrativo, la constructora Conconcreto manifestó que esta decisión da cierre a una de las contingencias más relevantes para la compañía, al reconocer la existencia de “cosa juzgada” y reiteró la actuación “íntegra, diligente y transparente” del consorcio en la ejecución del megaproyecto. El proceso judicial había iniciado en enero de 2021, durante la alcaldía de Daniel Quintero, quien instó a EPM a cambiar su postura inicial, que calificaba el suceso como un “accidente imprevisible”. Este cambio de estrategia provocó la renuncia en pleno de la Junta Directiva de EPM en agosto de 2020. La demanda fue rechazada inicialmente por errores de forma y fondo en marzo de 2021. Paralelamente a esta disputa legal, la Contraloría General de la República emitió un fallo de responsabilidad fiscal relacionado con el caso, y las aseguradoras acordaron con EPM el pago de una indemnización de 983 millones de dólares, equivalentes a cerca de 4,3 billones de pesos.