El futuro del Tren de Aragua en la Paz Total: la decisión clave que enfrenta el presidente Petro



La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OCCP) remitió al despacho del presidente Gustavo Petro la solicitud de Larry Changa, también conocido como Larry Amaury Álvarez Núñez, uno de los cabecillas del Tren de Aragua, para que dicha organización sea incluida en la política de Paz Total. La petición, radicada el 1 de octubre a través de su abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, ahora espera una respuesta de fondo del primer mandatario, quien tiene la última palabra. En una carta firmada por Daniel Fernando Eslava, asesor de la Oficina del Consejero, se informó que la decisión de iniciar acercamientos con estructuras criminales es competencia exclusiva del presidente, conforme a la Ley 2272 de 2022. Dicha normativa faculta al jefe de Estado para definir los lineamientos de los procesos de diálogo y reconciliación con Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley (GAOML) y Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) que demuestren voluntad de someterse al Estado de Derecho. El objetivo de estos esfuerzos es reducir la violencia, garantizar los derechos humanos y facilitar la reincorporación a la vida civil. En su comunicación, Changa aseguró que el interés del grupo no es evadir la justicia, sino colaborar y someterse a la ley bajo principios de verdad y no repetición. La propuesta incluye la creación de mesas de diálogo, programas de reinserción sociolaboral y formación técnica para jóvenes en riesgo. Además, Álvarez, quien se encuentra preso en la cárcel La Picota desde julio de 2024, solicitó frenar su extradición a Chile, ya aprobada por la Corte Suprema de Justicia, y ser nombrado gestor de paz. A pesar de que la OCCP valoró la intención de diálogo para reducir la violencia, una comunicación oficial de la Presidencia aclaró que el Tren de Aragua no forma parte de los procesos de paz en curso. Se precisó que la Paz Total se limita a actores con motivaciones políticas o de control territorial, y que actualmente no existen las condiciones jurídicas ni políticas para incluir a esta organización. El presidente Petro se ha referido a sus miembros como “criminales comunes” y “jóvenes excluidos por la migración forzada”, una postura que contrasta con la designación de grupo terrorista por parte de Estados Unidos.













