
Panorama energético de Colombia: entre la escasez de gas y la transición a nuevas fuentes



La política energética de Colombia atraviesa un período de incertidumbre y transición, con un intenso debate sobre el futuro del gas natural. El Gobierno ha sido criticado por sus posturas, calificadas como erráticas, que inicialmente negaron la escasez de gas para luego admitir la necesidad de importaciones a precios significativamente más altos, lo que ha generado incrementos en las tarifas para los usuarios. Esta situación ha provocado controversias sobre la construcción de nuevas plantas de regasificación, con proyectos en competencia por parte de TGI y Ecopetrol para asegurar el suministro. Las consecuencias de esta escasez ya se perciben en regiones como la Orinoquía, donde se advierte sobre un inminente desabastecimiento de gas vehicular, a pesar de ser una zona productora. A esto se suman interrupciones programadas del servicio en ciudades como Ibagué por mantenimientos en la infraestructura. En respuesta a la posible dependencia de las importaciones, el país ha iniciado una apuesta estratégica por la exploración de nuevas reservas. El proyecto Sirius, liderado por el Gobierno Nacional, Ecopetrol y Petrobras, representa un hito histórico al comenzar la exploración marina profunda en el Caribe colombiano. Con esta iniciativa se busca evaluar el potencial de los yacimientos de gas costa afuera para garantizar el autoabastecimiento a mediano y largo plazo.
Paralelamente, Colombia avanza en la transición hacia energías más limpias.
El desarrollo del hidrógeno se perfila como un vector energético clave, aunque enfrenta desafíos como los altos costos de producción y la falta de una demanda consolidada que asegure la viabilidad de los proyectos. El sector espera hitos importantes como la entrada en operación de los primeros proyectos a escala industrial y la aprobación de una ley de hidrógeno que incentive a toda la cadena de valor. En el ámbito del transporte, se destaca el inicio de la producción del primer bus eléctrico fabricado en el país, un paso fundamental para cumplir las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Gobierno impulsa esta transformación a través de fondos como el Fopat, destinado a la modernización de flotas. El panorama se complementa con otros debates, como la propuesta de reducir el precio de compra de biocombustibles nacionales, una medida que, según sindicatos, afectaría la producción agrícola local y favorecería las importaciones. Asimismo, las autoridades continúan combatiendo la ilegalidad en el sector, como lo demuestra la captura de tres personas en Popayán por la distribución clandestina de gas licuado de petróleo, una actividad que representa un grave riesgo para la seguridad ciudadana.
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