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Análisis del nuevo proyecto de Ley Minera en Colombia

El Gobierno Nacional de Colombia ha presentado ante el Congreso un ambicioso proyecto de ley que busca redefinir las reglas de la minería en el país. La propuesta, centrada en la sostenibilidad y la justicia social, promete un cambio estructural frente al modelo extractivista tradicional.
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El Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República el proyecto de “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Minas y Energía, tiene como objetivo principal transformar el sector para superar el modelo extractivista tradicional, argumentando la necesidad de un enfoque basado en la sostenibilidad, la protección ambiental y la equidad territorial.

El proyecto se estructura sobre varios ejes clave.

Primero, reafirma la soberanía del Estado sobre los recursos minerales, declarándolos propiedad exclusiva e inalienable de la Nación. Segundo, propone un nuevo ordenamiento territorial con la creación de Zonas Aptas para la Minería (ZAM) y Zonas Excluidas de Minería (ZEM), donde se priorizará la protección del agua y la biodiversidad. La ley también busca prohibir el uso de sustancias tóxicas como el mercurio, promover el cierre progresivo de minas a cielo abierto y no entregar nuevos títulos para la explotación de carbón térmico. Además, se vinculará la actividad minera con la reindustrialización del país, fomentando el uso de minerales críticos para la transición energética. Según el Gobierno, la construcción del articulado fue un proceso participativo en el que intervinieron más de 20.000 personas y 500 organizaciones.

La norma contempla un régimen diferencial para pueblos indígenas y comunidades afro, así como un plan de formalización para pequeños mineros y tradicionales.

Sin embargo, la propuesta ha generado incertidumbre en los territorios mineros.

Sectores dependientes de esta actividad expresan temor por el impacto económico, señalando una parálisis en la economía local. Se cuestiona la motivación de impulsar la ley en un contexto electoral y se espera que el Congreso tome una decisión que equilibre la conservación ambiental con la seguridad jurídica y los derechos de las comunidades mineras. El proyecto inicia ahora su trámite legislativo, donde se anticipa un debate complejo con la participación de empresarios, sindicatos, comunidades y otros actores.

El Gobierno ha invitado a todos los sectores a la discusión para construir consensos.

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