Guerra de Cifras por el Salario Mínimo de 2026: Sindicatos y Empresarios Enfrentan sus Propuestas

La negociación del salario mínimo para 2026 en Colombia ha comenzado con posturas radicalmente opuestas, marcando un tenso debate entre las centrales obreras que exigen un aumento de dos dígitos y los gremios empresariales que advierten sobre los riesgos económicos de tal medida.

A puertas de la instalación de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales el próximo 1 de diciembre, los diferentes actores económicos de Colombia han presentado sus posturas iniciales para el incremento del salario mínimo de 2026, revelando una profunda división. Las centrales obreras, lideradas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), han anunciado que llegarán a la mesa de negociación con una propuesta unificada que exige un aumento de dos dígitos, como mínimo un 10 %. Su principal argumento es la necesidad de recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores en los últimos años. Según la CUT, un alza de esta magnitud es viable dadas las condiciones macroeconómicas actuales y no generaría efectos negativos en la inflación o el empleo. De aprobarse un 10 %, el salario se acercaría a $1.565.850, y el total con auxilio de transporte rondaría los $1.800.000, una cifra que el Gobierno Nacional ha insinuado que podría apoyar. En la otra orilla, el sector empresarial, representado por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), ha calificado la propuesta de un aumento superior al 10 % como "irresponsable" e "inconveniente". Jaime Alberto Cabal, presidente del gremio, advirtió que un incremento de esa magnitud, que duplicaría la inflación esperada para 2025 (5.2 %) y triplicaría la de 2026 (cerca del 4 %), desencadenaría una espiral inflacionaria.

Según los comerciantes, los costos laborales se trasladarían directamente a los precios de bienes y servicios, anulando cualquier beneficio real para los trabajadores en un efecto de "lo comido por lo servido".

Además, alertan sobre un posible aumento de la informalidad, ya que las micro, pequeñas y medianas empresas tendrían dificultades para asumir dicho costo. En medio de estas posiciones polarizadas, centros de análisis como Fedesarrollo han propuesto una alternativa más moderada, sugiriendo un ajuste cercano al 7 % que equilibre la protección del ingreso real sin generar presiones excesivas sobre el empleo formal. El Ministerio de Trabajo, por su parte, ha confirmado el inicio de las discusiones y ha mencionado que se tendrán en cuenta recomendaciones de la OIT sobre el gasto real de los trabajadores. El cronograma de reuniones se definirá a partir del 21 de noviembre, y las partes tendrán hasta el 15 de diciembre para lograr un acuerdo consensuado; de lo contrario, el Gobierno fijará el incremento por decreto.