El Gobierno Nacional fijará por decreto el salario mínimo para 2026 ante la falta de acuerdo

La mesa de concertación entre gremios, sindicatos y el Gobierno Nacional concluyó sin un acuerdo sobre el aumento del salario mínimo para 2026, dejando la decisión final en manos del presidente Gustavo Petro, quien deberá expedir un decreto antes del 30 de diciembre.

Por tercer año consecutivo, la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales finalizó sin un consenso para definir el incremento del salario mínimo. Las negociaciones entre las centrales obreras y los gremios empresariales, que culminaron el 15 de diciembre, estuvieron marcadas por posturas distantes que imposibilitaron un acuerdo. Las organizaciones sindicales, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), propusieron un aumento del 16 %, argumentando la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente al costo de vida. Por su parte, el sector empresarial planteó un incremento del 7,21 %, cifra que consideraron alineada con la realidad económica, la inflación y la productividad, advirtiendo que un alza superior afectaría la creación de empleo y la sostenibilidad de las empresas. La brecha de casi nueve puntos porcentuales entre ambas propuestas impidió cualquier acercamiento. Ante la falta de acuerdo, la responsabilidad de fijar el aumento recae en el Gobierno Nacional. El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó el fracaso de la negociación y señaló que, aunque se buscará agotar las vías de diálogo, el Ejecutivo está preparado para definir el ajuste por decreto con criterios de “justicia y responsabilidad”. De manera extraoficial, ha trascendido que el Gobierno considera una propuesta intermedia del 11 %. Con este porcentaje, el salario mínimo pasaría de $1.423.500 a $1.580.085, y el auxilio de transporte aumentaría de $200.000 a $222.000, para un ingreso total de $1.802.085. El proceso, que contó con el acompañamiento técnico de entidades como el DANE y el Banco de la República, también estuvo marcado por la ausencia de Fenalco, el gremio de los comerciantes.

Según la ley, las partes tienen 48 horas para presentar sus salvedades formales.

La decisión final, que impactará a más de 2,4 millones de trabajadores y está atada a más de 70 precios y tarifas de la economía, deberá ser anunciada por el presidente antes del 30 de diciembre.