La doble cara de Bogotá: celebrada en el exterior, cuestionada por su desarrollo interno

Bogotá se posiciona en el escenario mundial como una de las mejores ciudades para vivir e invertir, según rankings internacionales, pero enfrenta internamente profundos debates sobre su modelo de desarrollo urbano, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental.

La capital colombiana ha sido reconocida internacionalmente en el informe World’s Best Cities 2026 de la consultora Resonance Consultancy, ocupando el puesto 51 entre las 100 mejores ciudades del mundo y el cuarto en América Latina.

Este ranking, que evalúa habitabilidad, atractivo cultural y prosperidad económica, destaca la transformación de Bogotá gracias a mejoras en infraestructura, una escena cultural dinámica y una creciente proyección internacional.

Otras ciudades latinoamericanas en la lista incluyen Ciudad de México (30), Buenos Aires (39), Río de Janeiro (42), Lima (65), Santiago (75) y Medellín (76). En sintonía con esta imagen de progreso, Bogotá fue sede de la Bienal de Arquitectura y Urbanismo 2025, un evento que la presentó como un “laboratorio de transformación urbana”. Los debates se centraron en la arquitectura sostenible, la inclusión social y la necesidad de regenerar espacios públicos. Se destacaron los avances de la ciudad en movilidad sostenible, como la red multimodal de metro, Regiotram y ciclorrutas, y se premiaron proyectos locales enfocados en la renovación urbana y la cohesión social, consolidando la visión de una ciudad que busca un desarrollo más humano y consciente. Sin embargo, este modelo de desarrollo es cuestionado por algunos de sus habitantes. Mientras la administración celebraba el Día Mundial de las Ciudades con un enfoque en tecnología y “ciudades inteligentes”, residentes de los Cerros Orientales protestaban contra los desalojos. Estos barrios, poblados durante décadas por trabajadores y desplazados, se encuentran en una disputa territorial donde, según denuncian, se favorecen proyectos urbanísticos para estratos altos en detrimento de las comunidades y la importancia ambiental de los cerros como reserva hídrica. Los manifestantes critican que el desarrollo urbano actual responde a intereses corporativos y no a las necesidades de la ciudadanía.

Esta tensión evidencia un profundo debate sobre el futuro de Bogotá. Por un lado, la ciudad cosecha reconocimientos globales; por otro, movimientos ciudadanos exigen un modelo de ordenamiento territorial más participativo y centrado en los derechos, que proteja tanto a las comunidades arraigadas como el patrimonio ambiental. Las peticiones de los habitantes del borde oriental incluyen detener la expansión urbana en los cerros, culminar la legalización de sus barrios y garantizar una gobernanza democrática que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses privados.