Privacidad vulnerada: La millonaria sanción a Movistar que sienta un precedente sobre el uso de datos personales

La Superintendencia de Industria y Comercio ha confirmado una sanción de $670 millones contra Movistar por contactar a usuarios de otras operadoras sin su consentimiento. Esta decisión subraya la primacía del derecho a la privacidad sobre las estrategias comerciales invasivas.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), bajo la dirección de Cielo Rusinque, ratificó una sanción de $670 millones de pesos contra la empresa Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

BIC (Movistar).

La multa, equivalente a más de 515 salarios mínimos mensuales, fue impuesta tras comprobarse que la compañía contactó de forma reiterada y con fines de prospección comercial a usuarios de otras empresas de telecomunicaciones sin contar con su autorización previa, expresa e informada. La investigación, llevada a cabo por la Delegatura para la Protección de Datos Personales, demostró que Movistar utilizó mensajes de texto (SMS), WhatsApp y llamadas telefónicas para contactar a ciudadanos que no eran sus clientes y no habían otorgado ningún tipo de consentimiento. Esta conducta fue calificada por la SIC como un incumplimiento grave y una vulneración directa del derecho fundamental al Habeas Data, protegido por la Constitución colombiana, la Ley 1581 de 2012 (Régimen General de Protección de Datos Personales) y la Ley 2300 de 2023, conocida como la Ley «Dejen de Fregar». La SIC, al confirmar la sanción mediante la Resolución No.

78138 del 2 de octubre de 2025 tras desestimar el recurso de apelación de la empresa, enfatizó que estas prácticas "no son, ni pueden ser consideradas, una conducta menor". La entidad argumentó que el derecho a la protección de datos personales garantiza la intimidad y la tranquilidad de las personas, y que las comunicaciones no deseadas, a menudo en horarios inoportunos, constituyen una molestia invasiva del espacio privado. De forma enfática, la Superintendencia rechazó el argumento de que estas acciones pudieran estar amparadas por el "legítimo ejercicio de las libertades económicas". Se recordó a todos los actores del mercado que cualquier actividad comercial que implique el tratamiento de datos personales debe ajustarse de manera estricta a la ley, enviando un mensaje contundente sobre la seriedad del cumplimiento normativo en esta materia.