La Superindustria intensifica la vigilancia para evitar alzas abusivas de precios tras el aumento del salario mínimo

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ha anunciado un fortalecimiento de sus medidas de vigilancia y control para proteger a los consumidores de posibles aumentos abusivos en bienes y servicios, como consecuencia del reciente incremento del salario mínimo vital en Colombia.

Ante el reciente aumento del salario mínimo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) reforzó sus acciones de vigilancia para garantizar los derechos de los consumidores y evitar incrementos injustificados de precios. La entidad recordó que, si bien en Colombia rige un modelo de economía social de mercado que reconoce la libre iniciativa privada, este también prohíbe la fijación de precios inequitativos o excesivos, la actuación coordinada entre empresas y la influencia indebida de gremios para afectar la libre determinación de precios. El presidente Gustavo Petro también hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie a las empresas que eleven sus precios de manera irracional.

La SIC ha puesto especial atención en sectores estratégicos. En el de vivienda, recordó a las constructoras que la Circular No. 4 de 2024 exige que la publicidad y fijación de precios de proyectos inmobiliarios se realice exclusivamente en pesos colombianos. Para verificar el cumplimiento de esta normativa, ya solicitó información a más de 20 constructoras. Adicionalmente, la entidad reforzó los controles en el sector de medicamentos y dispositivos médicos, donde actualmente vigila cerca de 36.000 productos. La Superintendencia evaluará todas las denuncias y quejas que se presenten por posibles irregularidades, amparada en el Estatuto del Consumidor que protege a los ciudadanos frente a publicidad engañosa, cláusulas abusivas e incumplimiento de garantías. Este contexto se enmarca en un debate sobre las consecuencias económicas del aumento del 23% en el salario mínimo. Algunos análisis señalan que, al no estar respaldado por un aumento en la productividad, este incremento podría generar una espiral inflacionaria que afectaría el poder adquisitivo, especialmente de las personas con menos recursos. Se advierte que cerca del 60% de los precios del IPC están indexados al salario mínimo, lo que podría traducirse en un aumento del costo de vida general. Las posibles consecuencias incluyen reducción de personal, aumento de la informalidad laboral, que ya supera el 55%, y una mayor presión sobre las economías locales frágiles.