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Investigación de la SIC a la UNGRD por corrupción en contratos

La Superintendencia de Industria y Comercio ha formulado pliego de cargos contra exfuncionarios y contratistas de la UNGRD por un presunto esquema de corrupción. La investigación se centra en contratos que superan los 86.000 millones de pesos y que habrían afectado la libre competencia.
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos e inició una investigación formal contra exfuncionarios y contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La acción se debe a presuntas irregularidades y prácticas anticompetitivas en seis procesos de contratación adjudicados entre 2023 y 2024, cuyo valor supera los 86.000 millones de pesos. Entre los principales investigados se encuentran los exdirectivos Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, junto al contratista Luis Eduardo López Rosero.

Según las pesquisas de la SIC, se habría configurado un esquema de corrupción sistemático.

Presuntamente, López Rosero utilizó varias empresas bajo su control para presentarse a los procesos de selección, simulando así una pluralidad de oferentes y una competencia que en realidad no existía.

Estas compañías habrían actuado de manera coordinada para presentar propuestas con sobrecostos sustanciales. Los fondos adicionales obtenidos a través de estos sobreprecios habrían sido destinados al pago de sobornos a los funcionarios de la UNGRD, quienes a su vez direccionaban los contratos para favorecer a las empresas de López Rosero. Las autoridades han aclarado que este esquema es diferente al escándalo de los carrotanques. Los contratos investigados estaban destinados a la atención prioritaria de situaciones de emergencia para comunidades vulnerables en el país. La investigación de la SIC se basa en evidencias recolectadas a través de visitas administrativas, requerimientos de información, declaraciones y un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación. De comprobarse la responsabilidad de los implicados, estos podrían enfrentar sanciones severas. La SIC precisó que las multas podrían alcanzar hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo que equivale a más de 142.000 millones de pesos, tanto para personas naturales como para las sociedades involucradas. La entidad manifestó que con esta actuación busca combatir las conductas que afectan la libre competencia y comprometen el sistema de compra pública, reafirmando su compromiso contra la corrupción en la contratación estatal.

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