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Gobierno Petro radica nueva reforma tributaria en el Congreso

El Gobierno de Gustavo Petro ha radicado en el Congreso de la República una nueva y ambiciosa reforma tributaria que busca aumentar significativamente el recaudo fiscal. La propuesta, que ya genera un intenso debate nacional, es clave para financiar el presupuesto del próximo año.
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El Gobierno Nacional, en cabeza del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, radicó este lunes primero de septiembre su tercera propuesta de reforma tributaria ante el Congreso. La iniciativa, también denominada Ley de Financiamiento, tiene como objetivo principal recaudar entre 25 y 26,3 billones de pesos para financiar una parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el año 2026, estimado en cerca de 557 billones de pesos.

El proyecto plantea ajustes tributarios diferenciados.

Para las personas naturales, se prevén cambios en el impuesto de renta, afectando principalmente a quienes tengan ingresos mensuales superiores a los 10 millones de pesos, y la eliminación de beneficios que históricamente han favorecido a los sectores de mayores ingresos. En el ámbito empresarial, se propone un aumento en la tributación para sectores de alta rentabilidad como el minero-energético. La reforma también incluye impuestos a las bebidas azucaradas, alimentos ultraprocesados, licores, tabaco, juegos de suerte y azar en línea e iglesias.

El Ministerio de Hacienda ha aclarado que ningún alimento de la canasta familiar será gravado con IVA.

Según el Gobierno, el propósito central es lograr una mayor progresividad en el sistema tributario, es decir, que quienes tienen mayor capacidad económica aporten más.

Los recursos adicionales se destinarían a financiar programas sociales, educación pública, salud y la transición energética, como parte de una estrategia para reducir la desigualdad. Adicionalmente, se busca fortalecer la lucha contra la evasión y la elusión fiscal con mayores controles y sanciones. La propuesta ha suscitado diversas reacciones. Gremios empresariales como la ANDI han expresado su preocupación por el posible impacto negativo sobre la inversión y la competitividad del país. En contraste, organizaciones sociales respaldan la medida como un paso necesario hacia la justicia social. Sin embargo, la reforma enfrenta un panorama político complejo en el Congreso, en un ambiente preelectoral que dificulta su aprobación.

Líderes de la oposición y presidentes de comisiones económicas ya han manifestado su rechazo, lo que augura un difícil trámite legislativo para una de las iniciativas económicas más importantes del Gobierno Petro.

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