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Aprobación del Presupuesto General de la Nación 2026

El Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la Nación para el año 2026, fijando el rumbo fiscal del país para el último año del gobierno de Gustavo Petro. La decisión, que se consolidó tras una rápida votación en el Senado, no estuvo exenta de controversias por su monto, distribución y la necesidad de una futura reforma para garantizar su financiación.
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El Congreso de Colombia aprobó el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia 2026 por un monto de $546,9 billones. La aprobación final se dio en la plenaria del Senado con una votación de 50 a favor y 27 en contra, donde se acogió íntegramente el texto que había sido avalado previamente por la Cámara de Representantes. Esta maniobra evitó el proceso de conciliación entre ambas cámaras y agilizó el trámite, que debía concluir antes del 20 de octubre. El monto aprobado es el resultado de un recorte de $10 billones a la propuesta inicial del Gobierno. A pesar de este ajuste, el presupuesto enfrenta un desafío financiero significativo, ya que presenta un faltante de aproximadamente $16 billones. Para cubrir esta brecha, el Ejecutivo deberá tramitar y lograr la aprobación de una nueva ley de financiamiento o reforma tributaria, que ya fue radicada pero aún no ha comenzado su discusión formal en el Legislativo.

La aprobación del presupuesto estuvo marcada por negociaciones políticas para asegurar las mayorías.

El Gobierno logró el respaldo de su coalición y de sectores de los partidos Liberal, de la U y Conservador. Para ello, se acordaron adiciones presupuestales a entidades dirigidas por aliados políticos, como los ministerios de Tecnologías de la Información ($200.000 millones), Deporte ($186.000 millones) y Comercio ($138.000 millones). También destaca un incremento de $600.000 millones para la Procuraduría General de la Nación. Desde la oposición surgieron fuertes críticas.

Congresistas como Angélica Lozano y Paloma Valencia cuestionaron el procedimiento expedito en el Senado, advirtiendo sobre posibles vicios de trámite que podrían llevar a una nulidad, similar a lo ocurrido con la reforma pensional. Asimismo, denunciaron que el aumento de partidas específicas podría constituir un uso político de los recursos públicos o "mermelada" en un año preelectoral, acusación que fue negada por el ministro del Interior, Armando Benedetti.

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