Paro Armado del ELN Aísla a Norte de Santander: Transporte Suspendido y Alerta Máxima ante Amenaza Guerrillera

El anuncio de un paro armado de 72 horas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha generado la suspensión masiva del transporte intermunicipal en Norte de Santander y ha puesto en alerta máxima a las autoridades civiles y militares de la región.

Ante la amenaza de un paro armado nacional anunciado por el grupo guerrillero ELN, programado para iniciar a las 6:00 de la mañana del domingo 14 de diciembre y extenderse por 72 horas, varias empresas de transporte terrestre en Norte de Santander han suspendido preventivamente sus operaciones. La medida, que afectará los días 14, 15 y 16 de diciembre, busca salvaguardar la integridad de conductores, personal y pasajeros en rutas clave, especialmente hacia la región del Catatumbo y municipios del occidente del departamento. Empresas como Catatumbo Transldls, la Cooperativa de Transportadores del Catatumbo (Cotranscat), Catatumbo Trainols S.A.S.

y Transportes Peralonso S.A.S.

confirmaron a través de comunicados el cese temporal de sus servicios.

Rutas como Tibú–Cúcuta y las que conectan con Arboledas, Cucutilla y Salazar de las Palmas se verán directamente afectadas. Las compañías han informado que el restablecimiento de las operaciones está previsto para el miércoles 17 de diciembre, siempre que existan las garantías de seguridad necesarias en las vías. En respuesta a la amenaza, las autoridades han activado un plan de seguridad. El Ejército Nacional ha desplegado tropas en varias carreteras de Norte de Santander y del oriente del país. Además, la Quinta Brigada del Ejército expidió la resolución 00010583 de 2025, mediante la cual se suspende el porte de armas de fuego y traumáticas en su jurisdicción, que incluye los municipios de Cáchira y La Esperanza en Norte de Santander, así como localidades de Santander, Antioquia y el sur del Cesar. Por su parte, la Defensoría del Pueblo emitió una enérgica advertencia, calificando los paros armados como una práctica de intimidación y control territorial ilegítimo que viola el derecho internacional humanitario. El organismo subrayó que estas acciones afectan gravemente a la población civil al restringir su movilidad y el acceso a bienes esenciales como alimentos, salud y educación, pudiendo derivar en confinamiento o desplazamiento forzado.

La entidad activó mecanismos de monitoreo y exhortó al ELN a detener cualquier acción contra los civiles, mientras instó a las autoridades a garantizar una respuesta coordinada para proteger a las comunidades vulnerables.