Salario mínimo 2026: la propuesta de Benedetti que enciende el debate entre la audacia política y la prudencia económica

Una propuesta del ministro del Interior, Armando Benedetti, de fijar el salario mínimo para 2026 en $1.800.000 ha desatado una tormenta política y económica, enfrentando la visión del Gobierno con la de los gremios empresariales y marcando el tono para las próximas negociaciones formales.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, agitó el panorama nacional al sugerir, a través de sus redes sociales, que el salario mínimo en Colombia podría alcanzar los $1.800.000 para el año 2026.

Esta cifra representaría un incremento del 26,44 % respecto al salario base actual de $1.423.500. Benedetti enmarcó su propuesta como un logro del gobierno de Gustavo Petro, afirmando que cuando este asumió la presidencia el salario era inferior a un millón de pesos y que, además de los aumentos, los trabajadores ahora reciben el 100 % del pago por dominicales y festivos. Sus declaraciones incluyeron un mensaje con tintes electorales, instando a la clase media a no votar por candidatos de la clase alta. La reacción no se hizo esperar.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aclaró que la discusión oficial sobre el salario mínimo es competencia de su cartera y se instalará formalmente el 1 de diciembre en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Sanguino enfatizó que el proceso se rige por la Ley 278 de 1996 y se basa en parámetros técnicos como el IPC, el PIB, la productividad y, este año, el concepto de “salario vital y móvil” de la OIT. De esta manera, desmarcó el procedimiento legal de las declaraciones de Benedetti.

Desde el sector empresarial, el rechazo fue contundente.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, calificó la propuesta como un “verdadero sinsentido” y “puro populismo barato”, advirtiendo que un aumento desmedido podría generar hiperinflación y que la declaración “sepulta la mesa de concertación”. Gremios como Acopi también han expresado preocupación por el impacto que un alza de esta magnitud tendría en la competitividad y el empleo formal, especialmente en las pequeñas y medianas empresas. Por su parte, las centrales obreras, como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), manifestaron que esperan un aumento de dos dígitos para recuperar el poder adquisitivo, aunque se muestran pesimistas sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo con los empresarios. Con posturas tan distantes, el escenario se perfila hacia una negociación compleja, donde si no se logra un consenso, el Gobierno fijará el incremento por decreto antes del 30 de diciembre.