El gobierno de Colombia decreta un histórico aumento del salario mínimo para 2026 que genera un amplio debate económico

El Gobierno Nacional ha establecido un aumento sin precedentes del salario mínimo para 2026, una medida que, si bien busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, ha desatado un intenso debate sobre sus efectos en la economía del país y el bolsillo de los ciudadanos.

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo legal mensual en Colombia se fijó en $1.750.905, lo que representa un incremento cercano al 23 % en comparación con 2025. Al sumar el auxilio de transporte, establecido en $249.095, el ingreso total para los trabajadores que devengan el mínimo alcanzará aproximadamente los 2 millones de pesos.

La decisión fue tomada por decreto presidencial del gobierno de Gustavo Petro, después de que fracasaran las negociaciones tripartitas con sindicatos y gremios empresariales.

Este aumento tiene un impacto directo en diversos costos y servicios indexados al salario mínimo.

Uno de los sectores más afectados es el de los trabajadores independientes, cuyos aportes obligatorios a la seguridad social (salud, pensión y ARL) pasarán de cerca de $413.129 a $508.148 mensuales, un alza de casi $95.000. También se incrementarán las cuotas moderadoras del sistema de salud, los precios máximos de la Vivienda de Interés Social (VIS), las matrículas en algunas instituciones educativas y los costos de servicios como el trabajo doméstico. Además, el alza presiona las tarifas del transporte público, como el pasaje de TransMilenio en Bogotá.

La medida ha generado un debate entre diversos sectores.

Mientras que el gobierno y los sindicatos la defienden como un acto de justicia social que impulsa el consumo, economistas y gremios empresariales como Fenalco y la Andi han expresado su preocupación. Expertos como Jorge Restrepo, Hernando Zuleta y Salomón Kalmanovitz advierten sobre posibles riesgos de presiones inflacionarias, un aumento de la informalidad laboral, desincentivos a la contratación en pequeñas y medianas empresas y un mayor costo fiscal para el Estado.

No obstante, es importante señalar que no todos los precios suben con el salario mínimo.

Rubros como algunos contratos de arriendo, servicios públicos, peajes y multas de tránsito están desindexados y se ajustan con base en la inflación o la Unidad de Valor Tributario (UVT). De igual manera, las tarifas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para 2026 se calcularon con base en la UVT, no en el salario mínimo.