Los magistrados Ibáñez y Meneses se apartan del debate sobre la emergencia económica en la Corte Constitucional

La revisión de la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional enfrenta obstáculos en la Corte Constitucional, luego de que su presidente fuera apartado del caso y otra magistrada solicitara su impedimento por posibles conflictos de interés.

La Sala Plena de la Corte Constitucional apartó por unanimidad al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente del tribunal, del estudio de la emergencia económica decretada por el gobierno a finales de 2025. La decisión se tomó tras aceptar el impedimento que el propio Ibáñez presentó, luego de que la Presidencia de la República lo recusara por unas declaraciones que dio a un medio de comunicación sobre el decreto. Según la Presidencia, sus pronunciamientos comprometían su imparcialidad.

La salida de Ibáñez afecta el estudio de dos expedientes clave: el decreto base de la emergencia y el que establece las medidas tributarias. Adicionalmente, la magistrada Paola Andrea Meneses solicitó a la Sala Plena ser declarada impedida para participar en el debate del decreto que crea los nuevos impuestos. Meneses argumentó un posible conflicto de interés, ya que su esposo es el jefe jurídico de Ecopetrol, empresa que sería directamente afectada por un nuevo gravamen a la extracción de hidrocarburos y carbón. La solicitud de la magistrada está pendiente de ser votada por los demás miembros de la Corte para decidir si es aceptada.

El decreto de emergencia económica ha generado una fuerte controversia. El Gobierno lo defiende como la única vía para enfrentar una crisis fiscal y social sin precedentes, argumentando que la convergencia de varios factores críticos desbordó la capacidad de respuesta del Estado. Sin embargo, diversos sectores, incluyendo exfuncionarios como José Antonio Ocampo, gremios como el Consejo Gremial y Fedesarrollo, y senadores, han criticado la medida.

Sostienen que no se cumplen los requisitos constitucionales de hechos sobrevinientes e imprevisibles, y que la crisis fiscal responde a problemas estructurales y malas decisiones.

Los opositores consideran el decreto un intento de eludir al Congreso para tramitar una reforma fiscal. En la Corte Constitucional se debate la posibilidad de una suspensión provisional de la norma mientras se toma una decisión de fondo. La salida del magistrado Ibáñez altera el equilibrio de votos y añade incertidumbre sobre el futuro de esta medida, que incluye la creación de impuestos al patrimonio y el aumento de gravámenes a bebidas alcohólicas y apuestas en línea.