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La energía como campo de batalla en el conflicto de Ucrania

El sector energético se ha consolidado como un campo de batalla crucial en el conflicto de Europa del Este, donde los ataques a infraestructuras críticas y las sanciones económicas definen una nueva fase de la guerra entre Rusia y Ucrania.
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Recientes acciones militares rusas han puesto en alerta a la comunidad internacional tras afectar directamente la infraestructura energética de Ucrania. Uno de los incidentes más preocupantes fue el ataque a las líneas de transmisión que abastecen la planta nuclear de Chernóbil. Aunque la central no genera electricidad, requiere un suministro constante para los sistemas de refrigeración y control, por lo que la interrupción obligó a activar fuentes de energía de respaldo para evitar riesgos de radiación. Este hecho generó la condena de organismos como la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), que solicitó acceso inmediato para evaluar los daños.

La ofensiva rusa no se ha limitado a las instalaciones nucleares.

El 3 de octubre, las fuerzas de Vladimir Putin llevaron a cabo el mayor ataque registrado contra la red de gas natural de Ucrania, gestionada por la estatal Naftogaz.

Según informes, el asalto incluyó 35 misiles y 60 drones que provocaron daños calificados como "críticos".

Analistas consideran que estos ataques forman parte de una estrategia deliberada para debilitar la infraestructura ucraniana y ejercer presión energética sobre el país y sus aliados. En respuesta a la continua agresión, el Grupo de los Siete (G7), integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, anunció un endurecimiento de su estrategia para limitar los ingresos energéticos de Rusia. Tras una reunión de ministros de Finanzas el 1 de octubre de 2025, el bloque acordó tomar medidas contra los países que han aumentado significativamente sus compras de crudo ruso desde el inicio de la invasión. Las nuevas acciones contemplan restricciones en el acceso a mercados internacionales, limitaciones de financiamiento y mayores controles bancarios.

Estas medidas buscan reforzar el tope de precio al crudo ruso de 60 dólares por barril, establecido previamente por el G7, la Unión Europea y Australia, cuya eficacia ha sido limitada debido a que Moscú ha encontrado rutas y compradores alternativos. Adicionalmente, la Comisión Europea planea vetar el gas natural licuado ruso a partir de 2027 y movilizar 164.000 millones de dólares en ayuda para Ucrania utilizando fondos rusos bloqueados, con el objetivo de debilitar la capacidad financiera de Rusia para sostener el conflicto.

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