Meritocracia vs. Discrecionalidad: La controvertida reforma que flexibiliza los requisitos para ser embajador en Colombia



El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha preparado un borrador de decreto que modificaría sustancialmente las exigencias para ocupar los cargos de libre nombramiento y remoción de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario y de Cónsul General Central.
La propuesta eliminaría la necesidad de acreditar formación universitaria, posgrados o experiencia profesional. De aprobarse, los únicos requisitos para acceder a estas altas dignidades serían ser ciudadano colombiano por nacimiento y tener más de 25 años, en contraste con la normativa actual que exige carrera profesional, maestría y una segunda lengua para los nombramientos discrecionales. El documento justifica la medida argumentando que la Corte Constitucional ha reconocido un amplio margen de discrecionalidad al presidente para designar a sus representantes inmediatos. Además, sostiene que estos cargos de dirección y confianza no forman parte de la carrera administrativa, lo que permitiría flexibilizar su acceso para promover condiciones “amplias, equitativas y no discriminatorias”. El propio presidente Petro defendió la iniciativa, afirmando que dirige la política exterior por mandato constitucional y que los cambios buscan modernizar el servicio diplomático frente a lo que describió como un “modelo cerrado y excluyente”.
La propuesta ha generado un rechazo generalizado por parte de sindicatos diplomáticos, excancilleres y académicos.
Los excancilleres Camilo Reyes y Luis Gilberto Murillo calificaron el borrador como “altamente inconveniente”, advirtiendo que debilita el mérito, incentiva el “amiguismo y el nepotismo” y desmotiva a los funcionarios de carrera. Reyes destacó la alta responsabilidad de estos cargos, que representan al país y defienden los intereses de los colombianos en el exterior, diferenciando entre la labor consular de servicio y la de representación del embajador.
Las asociaciones diplomáticas, como Asodiplo y Unidiplo, han manifestado su profunda preocupación.
Camilo Vizcaya, presidente de una de estas asociaciones, señaló que la medida pone en riesgo la calidad de la representación internacional de Colombia y crea una “inequidad” frente a los diplomáticos de carrera, quienes deben superar un riguroso proceso de hasta 25 años. Los sindicatos han solicitado una reunión con la canciller y advirtieron que, de firmarse el decreto, emprenderán acciones judiciales. La académica Sandra Borda también criticó la medida, calificándola como una “repartija de puestos diplomáticos”.








