Freno a la Integración Regional: Suspensión de Consulta Metropolitana en Antioquia Desata Crisis Política

La Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió la consulta popular para la creación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás debido a la falta de giro de recursos por parte del Gobierno Nacional, desatando una fuerte controversia política en Antioquia.

La consulta popular que buscaba definir la conformación del Área Metropolitana del Valle de San Nicolás en el Oriente Antioqueño fue suspendida por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La jornada electoral, prevista para el 9 de noviembre de 2025, involucraba a los municipios de Rionegro, La Ceja, La Unión, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne y San Vicente Ferrer. La decisión, oficializada mediante la Resolución 13599 del 27 de octubre, se tomó debido a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no autorizó el traslado de los fondos necesarios para cubrir la logística del proceso, como la contratación de personal y la distribución de material electoral. La medida provocó una enérgica reacción por parte de líderes políticos de Antioquia. El gobernador, Andrés Julián Rendón, acusó directamente al gobierno de Gustavo Petro de bloquear el ejercicio democrático y cuestionó por qué la consulta interna del Pacto Histórico sí contó con financiamiento oportuno.

Rendón calificó la acción como un atentado contra la democracia y afirmó que agotará las vías legales para realizar la consulta.

De manera similar, el senador Esteban Quintero Cardona expresó su rechazo, sugiriendo que existe "una intención clara y precisa de frenar el desarrollo de Antioquia" por parte del Gobierno Nacional. El proceso para la consulta había cumplido con los requisitos legales y, aunque el Ministerio de Hacienda había aprobado los recursos iniciales en junio de 2025, la reubicación presupuestal final no se concretó. Varios informes aclaran que se trata de una suspensión y no de una cancelación definitiva. Como respuesta a la falta de fondos, el gobernador y los ocho alcaldes de los municipios involucrados interpusieron una acción de tutela para que un juzgado ordene al ministerio el giro inmediato de los dineros.

Mientras tanto, hay sectores que celebran la suspensión como un triunfo, aunque no se detallan sus motivaciones.