Entre la Inhabilitación Electoral y la Acusación Judicial: El Doble Obstáculo de Daniel Quintero

Las aspiraciones presidenciales del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, enfrentan un panorama adverso por cuenta de un doble revés: la negativa de la Registraduría a inscribir su candidatura por firmas y una acusación formal de la Fiscalía por presunta corrupción durante su gestión.

La carrera de Daniel Quintero hacia la Presidencia de la República para 2026 ha encontrado serios impedimentos tanto en el ámbito electoral como en el judicial. La Registraduría Nacional del Estado Civil rechazó en dos ocasiones la inscripción de su movimiento significativo de ciudadanos, “Reset total contra el narco y los corruptos”, argumentando que Quintero estaba inhabilitado para postularse por firmas tras haberse inscrito previamente como precandidato en la consulta interna del Pacto Histórico. Según la autoridad electoral, aunque el exalcalde renunció públicamente a través de redes sociales, no lo hizo de manera formal dentro de los plazos establecidos, lo que, bajo la Ley 1475 de 2011, le impide usar otro mecanismo de postulación. Quintero ha anunciado que agotará los recursos de apelación y, de ser necesario, una acción de tutela para salvar su candidatura.

Paralelamente, el exmandatario enfrenta un complejo proceso judicial.

La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación en su contra por el caso conocido como ‘Aguas Vivas’, imputándole los delitos de peculado por apropiación agravado en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos. La acusación se centra en la presunta devolución irregular de un predio en El Poblado, cuyo valor se habría disparado de $2.700 millones a más de $40.500 millones tras una modificación del uso del suelo, supuestamente sin la aprobación del Concejo de Medellín. El cargo de prevaricato por acción se relaciona con la expedición del Decreto 412 de 2023, con el que, según la Fiscalía, Quintero modificó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para favorecer proyectos privados en zonas protegidas. Quintero sostiene que es víctima de un montaje político para sacarlo de la contienda presidencial y que sus actuaciones fueron legales. El próximo 21 de noviembre se programó la audiencia de acusación formal, que dará inicio al juicio en su contra y en el de al menos diez exfuncionarios de su administración.