Bloqueo legislativo inminente: La reforma tributaria de Petro enfrenta su posible hundimiento en el Congreso



La reforma tributaria propuesta por el Gobierno Nacional está virtualmente hundida después de que 10 de los 17 senadores de la Comisión Tercera respaldaran una ponencia de archivo en su contra. Este bloque mayoritario, conformado por congresistas de los partidos Liberal, Conservador, La U, Centro Democrático, Cambio Radical y ASI, anticipa el fracaso del proyecto antes de su primer debate. Según la normativa del Congreso, el rechazo en una sola de las cuatro comisiones económicas es suficiente para archivar la iniciativa por completo. El proyecto buscaba recaudar $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de 2026, cubrir programas sociales y garantizar el pago de la deuda externa. Para ello, proponía un incremento del impuesto a las ganancias ocasionales del 15 % al 30 %, y un alza en la tributación de premios de juegos de azar del 20 % al 33 %. También contemplaba un aumento en el impuesto de renta para personas con ingresos superiores a 10,2 millones de pesos mensuales, un impuesto al patrimonio y gravámenes sobre el tabaco, licores y la cerveza, aunque este último fue reducido en la propuesta más reciente. Los opositores, liderados por figuras como el senador Efraín Cepeda, argumentan que la reforma es “nociva” y afectaría el bolsillo de las clases media y baja. Señalan que el impuesto al carbono encarecería la gasolina, impactando a los 12 millones de motociclistas del país, y que el aumento de impuestos a licores y cigarrillos podría desfinanciar a los departamentos y fomentar el contrabando. En contraste, el presidente Gustavo Petro defendió la reforma, asegurando que “no le quita un solo peso a la clase media” y que solo grava a los “megarricos”. Tanto el mandatario como el ministro del Interior, Armando Benedetti, advirtieron que el hundimiento del proyecto pone en riesgo la estabilidad económica del país. Ante el inminente archivo de la reforma principal, se menciona la existencia de un “plan B”. Se trata de un proyecto alternativo impulsado por el representante liberal Álvaro Monedero, que busca un recaudo menor, de aproximadamente $6 billones, y que ya fue aprobado en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes.










