Magistrado Jorge Enrique Ibáñez se declara impedido en el debate de la reforma pensional



El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, quien actúa como ponente en el estudio de exequibilidad de la reforma pensional, presentó una solicitud de impedimento para apartarse de la discusión y decisión sobre la ley. La petición, contenida en un documento de seis páginas, argumenta un posible prejuzgamiento debido a declaraciones que dio en entrevistas sobre la constitucionalidad de la norma, una razón que ya había sido señalada por la Presidencia de la República. La Sala Plena de la Corte deberá decidir si acepta o no su solicitud. Esta situación se produce en un momento clave para la reforma que, aunque fue aprobada por el Congreso, su aplicación está suspendida hasta que la Corte emita un fallo definitivo. El alto tribunal se encuentra dividido sobre el tema, como lo demostró un empate 4-4 en una votación en diciembre de 2025, lo que obligó a nombrar un conjuez, Pablo Márquez, para dirimir la cuestión. Un bloque de cuatro magistrados, incluido Ibáñez, considera que la ley tiene vicios de trámite y debería ser anulada o devuelta al Congreso, mientras que otro bloque de cuatro magistrados sostiene que puede ser aprobada. La nueva presidenta de la Corte, Paola Andrea Meneses, anunció que el estudio del caso se reactivará el próximo 18 de febrero. Antes de entrar en el fondo, la Sala Plena deberá resolver los impedimentos y recusaciones pendientes. Las demandas contra la reforma se centran tanto en presuntas irregularidades en el procedimiento legislativo como en el contenido mismo de la ley, que según los demandantes podría afectar derechos fundamentales. La Corte tiene tres posibles caminos: declarar la ley completamente exequible, anular solo algunos de sus artículos o anularla en su totalidad. Si Ibáñez es apartado del caso, la ponencia pasaría a la magistrada que le sigue en orden alfabético, la presidenta Meneses.










