La reforma pensional en vilo: recusaciones y disputas en la Corte Constitucional definen su futuro



La reforma pensional, impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, se encuentra en una fase decisiva en la Corte Constitucional, que debe determinar su exequibilidad. Desde el Ejecutivo, el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Daniel Jaramillo, ha manifestado la confianza en que el alto tribunal valore la importancia social de la iniciativa, la cual busca, según afirma, sacar de la pobreza a 3,1 millones de adultos mayores y corregir las deficiencias del sistema actual. En la misma línea, Colpensiones ha defendido la reforma como uno de los avances sociales más significativos en la historia reciente del país, destacando que amplía la cobertura y garantiza la sostenibilidad del sistema público. Sin embargo, el trámite en la Corte se ha visto obstaculizado por recusaciones que deben resolverse antes de un fallo de fondo. Una de las principales es la presentada por la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, contra el magistrado Héctor Carvajal. La congresista argumenta que Carvajal emitió un juicio previo al haber asesorado a Colpensiones sobre la reforma. Carvajal ha solicitado a la Sala Plena negar dicha recusación, alegando que fue presentada de manera extemporánea y que los conceptos que emitió en su momento ya no son pertinentes para el debate actual, el cual se centra en determinar si se subsanaron vicios de trámite ocurridos después de su desvinculación de Colpensiones. Adicionalmente, el presidente de la Corte, Jorge Enrique Ibáñez, también enfrenta una recusación por una supuesta “enemistad ideológica” con el Gobierno. Este magistrado presentó una ponencia que propone declarar inexequible toda la reforma pensional, una postura que fue rechazada públicamente por Colpensiones.
La entidad estatal sostiene que la Cámara de Representantes cumplió con los lineamientos legales y constitucionales durante el trámite legislativo. El futuro de la reforma depende ahora de que la Corte resuelva primero estos impedimentos para luego poder entrar a debatir la constitucionalidad del proyecto.
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