Disputa fiscal por IVA pone en jaque a Reficar y amenaza la estabilidad energética de Colombia

Una disputa tributaria multimillonaria entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Refinería de Cartagena (Reficar) ha escalado, amenazando con paralizar las operaciones de la refinería y generar una crisis de abastecimiento de combustibles en el país.

El conflicto se originó por la exigencia de la DIAN a Reficar, filial de Ecopetrol, del pago retroactivo del 19% del IVA por la importación de gasolina y diésel desde el año 2022. La deuda reclamada asciende a una cifra entre $1,3 y $1,5 billones, ya que, según la autoridad tributaria, la refinería liquidó incorrectamente este impuesto con una tarifa del 0% amparándose en su condición de zona franca. La DIAN ratificó su postura en dos conceptos emitidos en 2024 y 2025, afirmando que dichas importaciones sí están gravadas.

La controversia escaló ante la amenaza de un posible embargo a las cuentas bancarias de Reficar para asegurar el pago. La refinería, junto con la Unión Sindical Obrera (USO), interpuso acciones de tutela para frenar lo que consideraban un proceso de embargo inminente. Sin embargo, la DIAN emitió un comunicado aclarando que, si bien mantiene su posición sobre la obligación del pago del impuesto, no había decretado embargos ni medidas cautelares preventivas contra la compañía.

De concretarse un embargo, las consecuencias serían graves. Reficar advirtió que se quedaría sin capital de trabajo y tendría que paralizar sus operaciones en un plazo de 7 a 18 días, lo que afectaría a entre 2.300 y 4.600 empleados y causaría un desabastecimiento de combustibles, especialmente en la Costa Caribe, ya que la planta produce cerca de 200.000 barriles diarios.

El impacto se extendería a su casa matriz, Ecopetrol.

Un embargo a una filial por más de 100 millones de dólares constituiría un evento de incumplimiento (default) según las cláusulas de sus bonos de deuda, lo que podría acelerar el cobro de su deuda total. Adicionalmente, Ecopetrol enfrenta un proceso separado con la DIAN por el mismo concepto, con una reclamación de $7,5 billones. La USO alertó que la deuda total podría superar los $20 billones si se incluyen futuras reclamaciones por la importación de diésel, poniendo en riesgo la estabilidad financiera de la empresa más grande del país.