Doble Amenaza Energética: Disputa Fiscal de Reficar y Riesgo Estructural Ponen en Jaque a Colombia

Colombia enfrenta una doble crisis que amenaza su seguridad energética: una disputa fiscal inmediata que podría paralizar la Refinería de Cartagena y una advertencia estructural de la Contraloría sobre un posible racionamiento de energía y gas a mediano plazo.

El sector energético colombiano se encuentra bajo una intensa presión por dos frentes críticos.

Por un lado, una disputa fiscal entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Refinería de Cartagena (Reficar), filial de Ecopetrol, ha generado una crisis inminente. La DIAN exige a Reficar el pago retroactivo de entre 1,3 y 1,5 billones de pesos por concepto del IVA del 19 % sobre combustibles importados entre 2022 y 2024, argumentando que su operación en zona franca califica sus ventas locales como importaciones. La amenaza de un embargo de cuentas mediante un proceso de cobro coactivo llevó a Reficar a interponer una acción de tutela, advirtiendo que una medida de este tipo paralizaría sus operaciones en un plazo de 7 a 18 días. La suspensión de Reficar, que procesa cerca de 200.000 barriles diarios, provocaría un desabastecimiento de gasolina, diésel y combustible para aviones, principalmente en la Costa Caribe, y pondría en riesgo miles de empleos. Adicionalmente, un embargo superior a los 100 millones de dólares podría activar cláusulas de incumplimiento en los bonos de deuda de Ecopetrol, estimados en 120 billones de pesos, generando un riesgo sistémico. La Unión Sindical Obrera (USO) alertó que la deuda podría superar los 20 billones de pesos. Ante la escalada de la crisis, la DIAN comunicó que no embargará a la compañía para proteger la estabilidad operativa del país, aunque la disputa de fondo persiste. Paralelamente, la Contraloría General de la República ha emitido reiteradas advertencias sobre un riesgo estructural de racionamiento de energía y gas.

El organismo señaló que las condiciones críticas, alertadas desde 2024, se han agudizado.

Entre los principales riesgos se encuentran la caída de los ingresos fiscales por la menor producción de hidrocarburos (que pasó de 772.000 a 747.000 barriles diarios), el encarecimiento de los combustibles al tener que importar a precios internacionales, la disminución de la inversión extranjera ante la ausencia de nuevos contratos de exploración y una creciente presión sobre los subsidios estatales, cuya deuda acumulada ya alcanza los 2,88 billones de pesos. La Contraloría critica la falta de un plan de transición energética claro y de inversiones en infraestructura, advirtiendo sobre un posible déficit de gas a partir de 2026.