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Asonada en Huila: Alerta por instrumentalización de civiles para frenar al Ejército

Autoridades nacionales e internacionales expresaron su preocupación por la instrumentalización de comunidades campesinas en La Plata, Huila, donde cerca de 500 personas, presuntamente amenazadas por disidencias, obstaculizaron una operación del Ejército Nacional.
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Una asonada protagonizada por aproximadamente 500 habitantes de 12 veredas del corregimiento de Belén, en La Plata (Huila), impidió el avance de dos pelotones de la Novena Brigada del Ejército. Según las autoridades, este evento, que constituye la quinta acción de este tipo en la zona, fue producto de amenazas y presiones ejercidas por el grupo armado residual ‘Hernando González Acosta’, perteneciente a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, que habría obligado a la población a movilizarse. El comandante de la Novena Brigada, coronel Henry Herrera Arenas, y el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, señalaron que estas acciones son parte de una estrategia sistemática de los grupos armados para asegurar el control territorial de corredores estratégicos entre Huila y Cauca. El objetivo de estas estructuras ilegales es expandir sus economías ilícitas, que incluyen narcotráfico, secuestros, extorsiones y asesinatos selectivos, frenando las operaciones de la fuerza pública en la región. Tanto el Gobierno Nacional como el Departamental condenaron los hechos y aseguraron que las operaciones militares continuarán. El secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, afirmó que no se cederá el control del territorio a los grupos ilegales. Además, se anunció que el incidente será denunciado ante la justicia y se desplegarán ocho secciones de la Unidad Nacional de Diálogo y de Mantenimiento del Orden (Undemo) de la Policía para mediar con la población y evitar confrontaciones. La situación ha generado una alerta humanitaria.

La Gobernación del Huila, encabezada por Rodrigo Villalba, advirtió sobre el riesgo de desplazamiento forzado para los habitantes y activó planes de contingencia. Se solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Cruz Roja y la ONU. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia urgió al Estado a adoptar medidas inmediatas para proteger a la población civil y a sus líderes, e hizo un llamado a los grupos armados a respetar el Derecho Internacional Humanitario.

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