El cerco judicial a Juliana Guerrero: entre audiencias fallidas y nombramientos polémicos



La controversia en torno a Juliana Guerrero, excandidata a viceministra de Juventudes, escaló este viernes 14 de noviembre después de que no asistiera a la audiencia de conciliación citada por la Corte Suprema de Justicia. Guerrero había denunciado a la representante a la Cámara Jennifer Pedraza por los delitos de calumnia y delitos informáticos, a raíz de las acusaciones de la congresista sobre la falsedad de sus títulos universitarios. A pesar de ser la denunciante, Guerrero solicitó un aplazamiento alegando “fuerza mayor”, pero la petición fue negada por el magistrado a cargo, Héctor Alarcón. Como consecuencia, si no presenta una justificación válida en un plazo de tres días, la querella podría ser archivada por desistimiento tácito. El origen de la disputa se centra en las denuncias de Pedraza sobre las credenciales académicas de Guerrero. La congresista ha insistido en que su lucha no es un asunto personal, sino un cuestionamiento a la corrupción y a las fallas institucionales en la vigilancia educativa y el nombramiento de funcionarios. De hecho, la Fundación Universitaria San José ya anuló los títulos de Contaduría Pública y Tecnología en Gestión Contable y Tributaria que Guerrero afirmaba poseer, tras confirmar que no existían registros de su actividad académica. Además de este proceso en la Corte, Guerrero enfrenta investigaciones en la Procuraduría y la Fiscalía por presunto fraude procesal y falsedad en documento público. Tras la fallida diligencia, Pedraza invitó a Guerrero a “hablar” y revelar si detrás de este caso existe un “cartel de títulos” con implicación de figuras más poderosas. La representante del partido Dignidad sugirió que la inasistencia de la exasesora podría deberse a toda la información que ha salido a la luz desde que interpuso la denuncia. Paralelamente, la situación de Guerrero se complica en otro frente, ya que Pedraza anunció que está preparando acciones jurídicas para anular su nombramiento como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar. Según la congresista, Guerrero no cumple con los criterios para defender la educación y, además, estudiantes de esa institución han solicitado su retiro, alegando que sus actuaciones han sido más cercanas al Clan Gnecco que a los intereses del alumnado.








