El presidente Gustavo Petro ordena la extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos

El presidente Gustavo Petro ordenó públicamente la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, líder de la banda ‘La Inmaculada’, acusándolo de intentar sobornar a funcionarios para evitar su traslado.

El presidente Gustavo Petro, a través de la red social X, dio la orden directa al ministro de Justicia saliente, Andrés Idárraga, de extraditar a Estados Unidos a Andrés Felipe Marín Silva, conocido como ‘Pipe Tuluá’. El mandatario justificó su decisión acusando al líder de la banda criminal ‘La Inmaculada’ de intentar “comprar funcionarios públicos con dineros públicos” para evadir su entrega a las autoridades norteamericanas. Petro enfatizó que “la paz no es una mercancía, la paz es un derecho”, aunque no presentó pruebas de sus señalamientos. Idárraga respondió en la misma plataforma que la instrucción se ejecutaría.

La extradición de Marín Silva no es una decisión nueva. El proceso fue avalado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema en noviembre de 2025 para que responda ante la Corte del Distrito Este de Texas por cargos de narcotráfico y concierto para delinquir. Posteriormente, el Gobierno Nacional autorizó el procedimiento en diciembre de 2025 y lo dejó en firme con la Resolución Ejecutiva 037, firmada el 26 de enero de 2026 por Petro e Idárraga. Actualmente, ‘Pipe Tuluá’ se encuentra recluido en una estación de Policía en Bogotá. La defensa de alias ‘Pipe Tuluá’ había interpuesto un último recurso de apelación para frenar el traslado, argumentando que, debido a los acercamientos exploratorios de paz entre el Gobierno y ‘La Inmaculada’, su líder debía permanecer en el país.

Sin embargo, este recurso fue rechazado por el ministro Idárraga.

Marín Silva se encuentra preso desde 2015 y en 2022 fue condenado a 30 años de cárcel por delitos como homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

Para que la extradición se concrete, el Gobierno colombiano debe notificar a la Fiscalía General de la Nación para que coordine con las autoridades estadounidenses el traslado en un plazo máximo de quince días. Además, el procedimiento está condicionado a que Estados Unidos garantice que no se le aplicará a Marín Silva la desaparición forzada, torturas, tratos inhumanos o la cadena perpetua.