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El gas en Colombia: entre la expansión social y la crisis de suministro

Mientras Colombia enfrenta una creciente incertidumbre sobre su futuro energético y un posible desabastecimiento de gas, diversos programas sociales avanzan en la conexión de miles de familias de bajos recursos a este servicio esencial, evidenciando los complejos desafíos y logros del sector en el país.
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El sector del gas en Colombia atraviesa una coyuntura de contrastes. Por un lado, existe una advertencia sobre un posible desabastecimiento y una crisis estructural derivada de la falta de planificación energética a largo plazo. La industria nacional, especialmente en la región Caribe, ha tenido que reducir su consumo de gas hasta en un 30 % debido a la escasez y a fallos técnicos en la regasificadora de Cartagena. Este problema no es atribuible a un solo gobierno, pues expertos llevan más de una década alertando sobre la disminución de las reservas sin que se hayan materializado proyectos clave, como la regasificadora del Pacífico, lo que deja al país con una red de suministro vulnerable. La situación se agrava por la contradicción entre la política de transición energética y la dependencia de las plantas termoeléctricas a gas y carbón para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. El debate sobre la exploración de nuevas fuentes, incluido el fracking, permanece estancado en disputas ideológicas, lo que subraya la necesidad de una política de Estado que trascienda los ciclos de gobierno y garantice el suministro para la industria y los hogares. En contraposición a esta incertidumbre, se destacan los avances significativos en la masificación del gas natural para la población más vulnerable. El Programa Gas Social, una alianza público-privada entre Ecopetrol, su filial Hocol, Gases del Caribe y diversas alcaldías, ha logrado conectar a más de 105.115 familias de estratos 1 y 2 en 20 departamentos. Recientemente, se entregaron 13.700 nuevas conexiones en Atlántico, Cesar y Magdalena, con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos. La inversión total del programa supera los 77 mil millones de pesos y tiene como meta alcanzar 320.000 nuevos usuarios para 2040. Estos proyectos de expansión, como el que beneficiará a 974 hogares rurales en San Marcos, Sucre, con una inversión de casi 3.000 millones de pesos, tienen un profundo impacto social.

Permiten a las familias reemplazar el uso de leña y carbón, lo que mejora su salud, reduce sus gastos, disminuye la deforestación y contribuye a la sostenibilidad ambiental. Estas iniciativas demuestran cómo la colaboración articulada puede cerrar brechas de pobreza energética y mejorar la calidad de vida de miles de colombianos.

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