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Alerta de la Procuraduría por grave crisis alimentaria en cárceles de Colombia

La Procuraduría General de la Nación ha emitido una grave alerta sobre las deficientes condiciones de alimentación en varias cárceles del país, denunciando que la comida suministrada vulnera los derechos fundamentales de miles de reclusos.

La Procuraduría General de la Nación presentó un informe preventivo que revela graves incumplimientos en los contratos de alimentación de los centros penitenciarios El Pedregal, en Medellín, y COCUC, en Cúcuta, afectando a más de 7.000 personas privadas de la libertad. El ente de control denunció fallas sistemáticas en la calidad, cantidad, horarios de entrega y condiciones sanitarias de los alimentos, situación que podría acarrear consecuencias disciplinarias, fiscales y penales. Según los hallazgos, los internos han recibido productos en estado de descomposición, pollo crudo, verduras deterioradas y bebidas con sabores inusuales.

Además, las raciones no cumplen con los requerimientos nutricionales necesarios y son entregadas con grandes retrasos, sirviéndose desayunos cerca del mediodía y cenas pasada la medianoche.

Estas irregularidades, sumadas a deficientes condiciones de higiene en la manipulación y almacenamiento, ponen en grave riesgo la salud física y mental de la población carcelaria, aumentando la posibilidad de brotes de enfermedades gastrointestinales, desnutrición, ansiedad y estrés.

La situación ha generado un fuerte descontento entre los reclusos.

Jorge Carmona, defensor de la población carcelaria, afirmó que la comida “no es apta para seres humanos” y que esto ha provocado intentos de amotinamiento y protestas. En la cárcel de Cúcuta, las denuncias apuntan al consorcio UT Unión Uspec 2024.

Un interno de este penal aseguró haber perdido siete kilos por no consumir los alimentos en mal estado.

Ante la gravedad de los hechos, la Procuraduría trasladó el informe a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría para que se investiguen las presuntas irregularidades y se determinen las responsabilidades de los operadores y de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).

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