Futuro político de Daniel Quintero en vilo: Procuraduría ratifica sanción pero el Consejo de Estado tiene la última palabra

La Procuraduría General de la Nación ratificó en segunda instancia la sanción de seis meses de suspensión e inhabilidad contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participación indebida en política, dejando su futuro electoral en manos del Consejo de Estado.

La Procuraduría General de la Nación confirmó, en un fallo de segunda instancia emitido el 21 de noviembre, la sanción disciplinaria contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. La medida consiste en una suspensión e inhabilidad especial de seis meses para ejercer cargos públicos debido a su participación indebida en política durante la campaña presidencial de 2022. El ente de control determinó que Quintero vulneró el principio de neutralidad exigido a los funcionarios al utilizar su cargo para influir en el electorado. Entre las pruebas se destacan actos como la publicación del video conocido como el “cambio en primera” y mostrar su voto, considerados como mensajes velados de apoyo al entonces candidato Gustavo Petro y al Pacto Histórico. A pesar de la ratificación por parte de la Procuraduría, la sanción no se hará efectiva de manera inmediata. El expediente debe ser remitido para una revisión automática a la Sala Especial de Revisión del Consejo de Estado. Este alto tribunal será el encargado de tomar la decisión final, ya sea confirmando o revocando la inhabilidad impuesta por el Ministerio Público. Mientras el Consejo de Estado no emita un pronunciamiento definitivo, la ejecución del castigo disciplinario permanecerá suspendida y Quintero podrá continuar con sus actividades políticas.

Esta situación jurídica tiene implicaciones directas en las aspiraciones presidenciales de Quintero para 2026, las cuales se verían truncadas si el fallo queda en firme. El caso ha generado un debate sobre los límites de la participación política de los funcionarios de elección popular y el alcance de las facultades disciplinarias de la Procuraduría. La ratificación de la sanción se conoció horas antes del inicio del juicio contra el exalcalde por el escándalo de Aguas Vivas, añadiendo otro elemento a su complejo panorama judicial.