
Procuraduría pide al Consejo de Estado mantener la investidura de David Racero



El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, enfrenta un proceso de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado tras ser demandado por presunto tráfico de influencias.
La acusación, presentada por Samuel Ortiz Mancipe, sostiene que Racero utilizó su posición para gestionar nombramientos en la regional del SENA en el departamento del Cesar para personas cercanas, incluido su tío, José Luis Mayorca. Las pruebas presentadas, como audios y chats con el director del SENA, Jorge Londoño, buscarían demostrar que el congresista incurrió en un comportamiento indecoroso y vulneró los principios de contratación para obtener un “beneficio patrimonial”.
En la audiencia, la Procuraduría, a través de su delegada Idayris Yolima Carrillo, pidió al alto tribunal declarar improcedente la solicitud de “muerte política”.
El Ministerio Público argumentó que las pruebas no permiten concluir más allá de toda duda que Racero haya cometido el delito.
Según la procuradora, no se logró probar de manera inequívoca la existencia de un “influjo psíquico” o constreñimiento derivado de su cargo para influir en los nombramientos. Carrillo diferenció entre una recomendación y la causal de pérdida de investidura, afirmando que no toda sugerencia constituye tráfico de influencias y que no se evidenció una negociación o transacción en los diálogos.
Por su parte, David Racero negó haber cometido cualquier acto ilegal o irregular.
Calificó el proceso en su contra como politizado y lo enmarcó en una persecución, mencionando que se basa en “meras suposiciones”.
El congresista afirmó que siempre ha respetado la legalidad, la Constitución y la confianza de sus votantes. Además de este caso, se mencionó que Racero ha sido señalado en otras polémicas, como la contratación de un funcionario de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) sin las condiciones legales adecuadas, acusaciones que él ha desmentido.
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