Procuraduría exige a Nueva EPS un plan de contingencia por fallas en el servicio y Petro culpa a embargos judiciales

La Procuraduría General de la Nación ha exigido a la Nueva EPS la implementación de un plan de contingencia urgente ante el alarmante aumento de quejas por fallas en la atención, mientras el presidente Gustavo Petro atribuye la crisis a embargos judiciales sobre los recursos de la salud.

Ante el incremento de quejas de usuarios, la Procuraduría General de la Nación requirió a la Nueva EPS, entidad intervenida por el Gobierno, la adopción de medidas urgentes para garantizar la atención oportuna e integral. El Ministerio Público exigió un plan de contingencia inmediato que solucione las fallas en la atención médica, las demoras en citas y, con especial énfasis, los problemas en la disponibilidad y entrega de medicamentos. La solicitud pide priorizar a los pacientes de alto costo, con enfermedades crónicas, VIH y patologías huérfanas, quienes requieren seguimiento permanente y continuidad en sus tratamientos.

La crisis se ha agudizado a nivel nacional, afectando a millones de afiliados. Un factor detonante fue la terminación del convenio con el operador farmacéutico Colsubsidio a finales de 2025, lo que impactó a cerca de 1,6 millones de usuarios y generó desabastecimiento, desinformación y largas filas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. La situación ha provocado protestas, como la convocada en Ibagué, donde los afiliados exigen la entrega inmediata de sus fármacos y denuncian el fracaso de las soluciones prometidas por la EPS. En respuesta al pronunciamiento de la Procuraduría, el presidente Gustavo Petro desestimó la solicitud y atribuyó la contingencia a decisiones judiciales. Según el mandatario, el verdadero problema radica en el embargo de cerca de dos billones de pesos de los recursos de la salud, una acción que, afirmó, está "literalmente impidiendo la salud de la gente, por codicia". Petro aseguró haber dado una orden directa a la Superintendencia de Salud para actuar frente a esta situación, insistiendo en que la prioridad de la Procuraduría debería ser hacer cumplir el fallo que prohíbe dichos embargos. Este cruce de declaraciones se da en un contexto de alta tensión sobre el estado del sistema de salud. La Procuraduría mantiene un seguimiento mensual a la EPS, basado en información recolectada desde una visita administrativa en junio de 2025, para verificar el cumplimiento de los ajustes estructurales necesarios para superar las dificultades financieras y operativas que impactan negativamente a los pacientes.