Bajo la lupa de la Procuraduría: Licitación del PAE en Casanare empañada por presuntas irregularidades

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una indagación previa contra funcionarios de la Gobernación de Casanare por presuntas irregularidades en un millonario contrato del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El proceso, que buscaba beneficiar a estudiantes de residencias escolares, fue declarado desierto en medio de serios cuestionamientos sobre su transparencia.

La Procuraduría General de la Nación ha abierto una indagación previa para determinar posibles responsabilidades de funcionarios de la Gobernación de Casanare en un proceso de licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). El contrato, con un valor superior a los $8.400 millones, estaba destinado a proveer el servicio de alimentación a estudiantes matriculados en la estrategia de residencias escolares de instituciones oficiales del departamento.

El proceso fue finalmente declarado desierto mediante la Resolución No.

123 de 2025, en medio de serios cuestionamientos.

El ente de control investiga varias presuntas irregularidades que habrían viciado el proceso.

Entre ellas, se examina si el comité evaluador aceptó observaciones extemporáneas presentadas por uno de los proponentes, vulnerando los plazos establecidos. Además, la indagación busca establecer si existió la intención de adjudicar el contrato a un oferente que, según las denuncias, no cumplía con los requisitos habilitantes en los aspectos jurídico, técnico y financiero. Otro de los hechos bajo análisis es una supuesta dilación injustificada de la audiencia de adjudicación.

Se sospecha que esta demora podría haber tenido como objetivo crear las condiciones para declarar una urgencia manifiesta, lo que habría permitido realizar una contratación directa y eludir el proceso licitatorio en curso. La queja que originó la investigación fue interpuesta por el Consorcio YEIKOS, uno de los oferentes, que denunció “protuberantes errores” en el trámite. Tras la declaratoria de desierta, el consorcio afectado interpuso recursos de reposición y apelación, y además recusó al gobernador, a la jefe de la Oficina Jurídica y a los miembros del comité evaluador. Mientras estos recursos esperan resolución, la Procuraduría verificará las pruebas para determinar si procede la apertura de una investigación disciplinaria formal. El caso se desarrolla en un contexto de preocupación por la transparencia del PAE en la región, y hasta la fecha, el Secretario de Educación Departamental no se ha pronunciado sobre el asunto.