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Investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia por presunta participación en política

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por sus recientes declaraciones sobre candidaturas presidenciales y legislativas. Dichos comentarios podrían constituir una participación indebida en política por parte de un servidor público.
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La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación disciplinaria formal en contra del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, por una presunta intervención en el debate electoral. La indagación se originó a raíz de una queja presentada por el equipo jurídico del precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, después de que el ministro emitiera declaraciones en una entrevista con la revista Semana en las que descalificaba su aspiración y la del expresidente Álvaro Uribe al Senado. Durante la entrevista, Montealegre calificó la candidatura de De la Espriella como "caricaturesca", afirmando que aunque es "muy bueno para vender ron" y "excelente para cantar ópera", no lo ve "con ninguna formación intelectual y ética, siendo un abogado de la mafia, para ser presidente de Colombia". Los denunciantes, liderados por el abogado Germán Calderón España, sostienen que el ministro vulneró el deber de neutralidad, infringiendo el Código General Disciplinario y la Directiva 013 de 2025 del Ministerio Público, la cual prohíbe a los servidores públicos promover o descalificar candidaturas. El procurador general, Gregorio Eljach, confirmó la apertura del proceso y señaló que el Ministerio Público está acumulando otras quejas similares, mencionando que incluso el ministro del Interior, Armando Benedetti, podría estar involucrado. Eljach reiteró el llamado a los funcionarios públicos a abstenerse de participar indebidamente en política para garantizar la calma en el proceso electoral de 2026.

La investigación busca determinar si Montealegre incurrió en una falta disciplinaria que podría acarrear sanciones como la suspensión o destitución del cargo. Aunque el ministro no se ha pronunciado formalmente, fuentes de su despacho indicaron que cooperará con la investigación, argumentando que sus declaraciones se enmarcan en el ejercicio de su libertad de expresión y no buscaban influir en la intención de voto. El caso ha puesto de relieve el debate sobre los límites de los funcionarios públicos en el debate político, especialmente en periodo preelectoral.

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