Reforma Agraria y Crimen Organizado: La Recuperación de la Finca El Garzal Destapa Redes Ilegales

El presidente Gustavo Petro denunció la presencia de redes criminales y el hallazgo de armamento en una finca recientemente recuperada por el Estado en Magdalena, un hecho que destapa la compleja relación entre la tenencia ilegal de tierras y la violencia en las zonas rurales del país.

El pasado sábado 13 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro denunció públicamente la operación de estructuras criminales en la finca El Garzal, un predio de aproximadamente 2.000 hectáreas recuperado por el Estado en el municipio de San Zenón, Magdalena. La denuncia, realizada a través de la red social X, se produjo tras la divulgación de información por parte del director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Harman Felipe. Según el mandatario, el terreno había sido robado al Estado y en él operaban grupos ilegales bajo la fachada de una empresa de seguridad privada. Las autoridades confirmaron el hallazgo de armas y municiones en el lugar, lo que refuerza la hipótesis de que la finca era utilizada como base para actividades ilícitas. Históricamente, el predio perteneció a Enilce López, alias “La Gata”, y posteriormente fue ocupado ilegalmente por Jairo Cantillo, alias “El Turco”, y sus redes criminales, quienes mantuvieron el control durante años.

La finca El Garzal tiene una fuerte carga simbólica debido a su historia de conflicto agrario y violencia. En este mismo lugar fue asesinado el 9 de noviembre de 2025 el líder campesino Luis Eduardo Cisneros, quien defendía el derecho de las comunidades al acceso a la tierra.

Este crimen evidencia los graves riesgos que enfrentan los líderes sociales en las disputas por predios en Colombia.

Como parte de la Reforma Agraria impulsada por el Gobierno nacional, la finca recuperada fue entregada a tres organizaciones campesinas para destinarla a la producción agrícola. Esta acción busca no solo garantizar el uso productivo del terreno, sino también reparar injusticias históricas y debilitar el control de las estructuras criminales en la región. El caso pone de manifiesto los desafíos del Estado para recuperar tierras, garantizar la seguridad y avanzar en una reforma agraria efectiva en territorios afectados por el conflicto.