Tensión y Clamor por la Verdad: El Poder Judicial y el Gobierno Chocan en el 40º Aniversario del Palacio de Justicia



En el cuadragésimo aniversario de la toma y retoma del Palacio de Justicia, el poder judicial ha organizado una conmemoración solemne y de carácter privado, a la cual no fue invitado el presidente Gustavo Petro. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro, aclaró que esta decisión no responde a motivos políticos, sino a una tradición institucional de realizar un acto íntimo para la Rama Judicial y los familiares de las víctimas, sin la presencia de los poderes Ejecutivo o Legislativo. El ambiente de la conmemoración está enrarecido por recientes declaraciones del presidente Petro, exmiembro del M-19, quien ha calificado la toma como una “genialidad” y ha contradicho versiones oficiales sobre la muerte del magistrado Manuel Gaona Cruz.
Esto provocó una enérgica respuesta de las altas cortes.
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, calificó la toma como una “acción demencial” y un “acto terrorista”, advirtiendo sobre intentos de “deformar la historia”. Por su parte, el magistrado Tejeiro hizo un llamado al Gobierno a la “reflexión”, pidiendo el cese de las “acusaciones infundadas” y el respeto por las decisiones judiciales. Desde la perspectiva de las víctimas, persiste una sensación de desequilibrio en la justicia. Carlos Medellín Becerra, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, recordó que la amnistía e indulto otorgados al M-19 detuvieron las investigaciones contra la guerrilla, mientras que los procesos contra agentes del Estado por la retoma continuaron. Medellín Becerra denunció que esto ha generado una narrativa que minimiza la responsabilidad del M-19 y reveló que un expediente judicial que acusaba a Gustavo Petro y a la cúpula del M-19 por los hechos desapareció.
Cuatro décadas después, la verdad sigue incompleta.
El magistrado Ibáñez subrayó que persisten interrogantes clave, como la presunta financiación del Cartel de Medellín en la toma y la suspensión injustificada del esquema de seguridad del Palacio días antes del asalto. El clamor unánime del poder judicial es por una memoria histórica fidedigna, justicia para todas las víctimas y el rechazo a cualquier forma de violencia contra la justicia.










