Agresión a presidenta Sheinbaum: un ataque que expone fallas de seguridad y la persistente violencia de género

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso sexual durante un recorrido público, un incidente que ha puesto de relieve no solo las vulnerabilidades en su seguridad, sino también el problema generalizado de la violencia contra la mujer.

Este martes, durante una caminata en el Centro Histórico de Ciudad de México, cerca del Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue agredida por un hombre que intentó besarla y tocarla sin su consentimiento. El individuo, identificado como Uriel “N” y quien aparentemente se encontraba en estado de embriaguez, fue captado en video mientras la mandataria intentaba apartarlo antes de que un miembro de su equipo de gobierno interviniera. El agresor fue detenido horas después por la Policía Estatal y puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, que busca imputarle cargos por acoso y abuso sexual. Fuentes penales calificaron el hecho como un delito de abuso sexual flagrante. El suceso generó un repudio inmediato por parte de diversas instancias gubernamentales, incluidas la Secretaría de las Mujeres y comisiones de igualdad de género, que en un comunicado conjunto señalaron que “ninguna mujer está exenta de vivir acoso sexual en nuestro país”. El episodio también dejó en evidencia fallas en el protocolo de seguridad presidencial, pues el agresor logró acercarse a la presidenta por la espalda. Expertos en seguridad han sugerido la necesidad de revisar los perímetros y rutas de protección sin sacrificar el contacto de la mandataria con la ciudadanía. Más allá del caso puntual, el ataque reavivó el debate sobre el acoso como una forma de violencia de género. Para dimensionar el problema, los artículos citan cifras de Colombia. El Observatorio Nacional de Salud reportó 3.956 casos de acoso sexual en 2024, mientras que el Instituto Nacional de Salud notificó 13.973 casos de violencia sexual contra mujeres hasta el 8 de junio de 2024. Estos datos, sumados a los altos niveles de impunidad advertidos por organizaciones no gubernamentales, subrayan la persistencia de esta problemática y la urgencia de respuestas estatales más eficaces.